La comunidad científica del Nordeste argentino expresó un fuerte rechazo a las medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la Ley Ómnibus.
En un documento titulado «¿Por qué científicos y científicas del NEA rechazamos el DNU y la Ley Ómnibus?» Se manifestó la oposición en todos los términos a dichas disposiciones, destacando su impacto no solo en los organismos de ciencia y técnica, sino también en aspectos cruciales como el medio ambiente, la biodiversidad, la salud y la calidad de vida.
Los especialistas resaltaron la importancia de la inversión en ciencia y técnica, señalando que, a pesar de la ínfima asignación de recursos por parte del Estado, los beneficios para la sociedad son innumerables. Entre estos beneficios, destacaron el desarrollo de vacunas, medicamentos, tecnología y conocimientos para el manejo sostenible de recursos naturales.
Argumentaron que la inversión en ciencia básica y aplicada siempre es una decisión acertada, comparándola con países desarrollados que destinan más del 2% de su PBI a estos fines, mientras que en Argentina, el presupuesto para el CONICET representa solo el 0,34% del PBI.
En el NEA, aproximadamente 850 agentes, incluyendo becarios, investigadores, profesionales y técnicos de apoyo, trabajan en colaboración con diversos organismos de ciencia y técnica. La nueva gestión nacional ha provocado la desvinculación de 50 personas, generando preocupación por el impacto en la continuidad de proyectos de investigación y en el sistema científico en su conjunto.
En este contexto, la comunidad científica enfatizó que la protección del CONICET es un deber de todos los argentinos, ya que contribuye significativamente a abordar problemáticas locales, desde inundaciones e incendios hasta la conservación de la biodiversidad y la investigación de enfermedades como el dengue y el mal de Chagas.
