Con más de 800,000 personas afectadas y 134,300 evacuados, el pronóstico para esta semana anticipa que el drama irá en aumento en la región.
Con 78 muertos, más de un centenar de desaparecidos y la devastación de 336 municipios, el panorama es desolador. Las precipitaciones sin precedentes desde 1941 han provocado el desborde de ríos y lagunas, agravado por la ruptura de una represa y la amenaza de una ola de frío que podría empeorar la situación.
El Gobierno brasileño ha declarado el estado de calamidad en las áreas afectadas, incluida la capital Porto Alegre, donde el nivel del agua ha superado los cinco metros. La magnitud del desastre ha llevado a la movilización de la Fuerza Aérea Brasileña, utilizando drones para localizar y asistir a las víctimas. Más de 844,000 personas se han visto afectadas, con más de 134,300 desplazadas de sus hogares.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha prometido recursos y asistencia inmediata, liderando una comitiva gubernamental para evaluar los daños y coordinar la respuesta. Se espera que el Congreso vote medidas financieras extraordinarias para apoyar la reconstrucción. Sin embargo, la burocracia y las restricciones legales podrían obstaculizar los esfuerzos, según algunos líderes políticos.
El aumento en el número de desaparecidos plantea el temor de que el saldo de muertes pueda aumentar aún más. Las inundaciones han dejado a más de cien mil personas sin hogar, destruido infraestructuras vitales como carreteras y puentes, y dejado a gran parte de la población sin servicios básicos como electricidad y agua potable. La solidaridad de la comunidad internacional, incluidas las palabras de apoyo del Papa Francisco, se suma a los esfuerzos de rescate liderados por voluntarios locales, que arriesgan sus vidas para salvar a otros en medio de esta tragedia sin precedentes.
