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Causa seguros: Alberto Fernández apeló la inhibición de bienes y pidió apartar al juez Ercolini

El expresidente Alberto Fernández tomó acciones legales en el expediente que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales, designando a la penalista Mariana Barbitta como su representante legal y apelando la inhibición de sus bienes.

En un giro clave del caso que involucra a una supuesta red delictiva en la contratación de seguros por parte de entidades estatales, Alberto Fernández ratificó en su defensa legal. Tras ser notificado sobre la inhibición de sus bienes en el marco de la investigación, el exmandatario designó a la reconocida abogada penalista Mariana Barbitta para representarlo en el proceso judicial.

La presentación, realizada ante el propio juez Julián Ercolini, incluyó además una recusación contra el magistrado, a quien Fernández acusa de parcialidad debido a su pasado académico y vínculos previos. Fernández y Ercolini compartieron la cátedra del exprocurador Esteban Riggi en la Universidad de Buenos Aires, y el exmandatario ha señalado previamente cuestionamientos sobre la imparcialidad de jueces como Ercolini en casos vinculados al kirchnerismo.

La elección de Mariana Barbitta como representante legal del exmandatario añade un nuevo capítulo de interés al caso. Con experiencia en causas de alto perfil, Barbitta ha defendido a figuras controvertidas como el extitular del Ejército, César Milani, en un caso relacionado con la desaparición de un soldado; al exjuez Federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, en un caso de protección a narcotraficantes; y al exjugador de fútbol Mauricio «Chicho» Serna, acusado de ser testaferro de un narcotraficante colombiano.

Mientras tanto, el juez Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo continúan analizando la evidencia recopilada, incluyendo documentos, registros telefónicos y dispositivos electrónicos incautados. En paralelo, se ha ordenado la inhibición general de bienes para Fernández y otros implicados en el caso, así como la suspensión de sus secrecías fiscal y bancaria, como medida precautoria en medio del escándalo de los seguros estatales.

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