Noticiero 9

El Gobierno nacional evalúa bajar la edad de imputabilidad hasta los 12 años

Desde la cartera de Seguridad se contemplan legislaciones de países vecinos como Uruguay o Brasil, que imputan a menores a partir de los 13 y 12 años respectivamente.

El Ejecutivo argentino está considerando una revisión de la edad mínima de imputabilidad, planteando la posibilidad de reducirla hasta los 12 años. Esta propuesta, enmarcada en un contexto de cambio de mirada en materia de seguridad por parte de la nueva administración, que ha sido expuesta por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

La ministra señaló que se está evaluando tanto la experiencia de Uruguay, donde la edad mínima es de 13 años, como la de Brasil, donde se sitúa en los 12 años. Este debate, recurrente en la agenda nacional, adquiere una nueva relevancia en el actual panorama político, caracterizado por una postura libertaria en el poder.

La administración de Javier Milei ha admitido públicamente que está considerando esta medida, detallando las discusiones internas previas a la presentación formal de un proyecto. Bullrich destacó la importancia de analizar el impacto que esta medida ha tenido en otros países de la región, especialmente en lo concerniente a delitos graves como el homicidio, donde se considera necesario establecer la imputabilidad. Asimismo, subrayó la necesidad de distinguir la gravedad de los delitos y aplicar penas proporcionales a los mismos, enfocándose en la prevención de la reincidencia y el tratamiento diferenciado según la tipología del delito.

La Ministra de Seguridad también señaló la complejidad del tema, haciendo referencia a los convenios internacionales que establecen ciertos límites, como los reflejados en la Constitución argentina. En este sentido, mencionó el modelo de la «teoría de las ventanas rotas» implementado en Estados Unidos, el cual, según su perspectiva, ha demostrado éxito en la reducción de la reincidencia al abordar los delitos menores de manera preventiva. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de flexibilizar estas políticas, lo que podría derivar en un aumento de la delincuencia, como se observó en el caso de Nueva York.

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