Denuncian un peaje "simulado" en la Hidrovía y crece la sospecha sobre el rol de China

La licitación de la Vía Navegable Troncal del río Paraná, conocida como Hidrovía, sumó denuncias en tres frentes simultáneos en las últimas horas. Un informe de inteligencia de Estados Unidos detectó contactos ocultos con China que el gobierno de Javier Milei había desmentido, la brasileña DTA Engenheria pidió a Naciones Unidas que confirme la autenticidad de dos documentos usados como aval del proceso, y la oferta económica de las dos belgas en carrera terminó empatada en el valor mínimo permitido por el pliego. La compulsa, que conduce la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) a cargo de Iñaki Arreseygor, enfrenta a Jan de Nul y a DEME por el control de la principal arteria del comercio exterior argentino, por donde sale buena parte de la producción del NEA.

En la apertura del sobre económico ambas empresas presentaron la misma 3,80 dólares por tonelada de registro neto en la etapa cero. El número, según describen fuentes del proceso, no funciona como techo sino como piso de una banda que después se incrementa, algo inusual en una licitación pensada para optimizar costos logísticos. El Gobierno presentó el resultado como un ahorro del 13% respecto a la tarifa actual, pero el peaje es una parte sustancial del flete y tiene incidencia directa en la competitividad de las exportaciones. Las grandes cerealeras trasladan habitualmente esos valores al precio que pagan por el acopio, lo que estrecha el margen para productores medianos y pequeños del NEA que venden su cosecha para exportación por la vía troncal.

El frente internacional escaló cuando el asesor presidencial Santiago Caputo viajó la semana pasada a Washington. Según una publicación del diario The Floridian, autoridades republicanas le exhibieron un documento de inteligencia con seguimientos sobre la embajada china en Buenos Aires y la ANPyN. El registro consigna más de 250 puntos de contacto desde septiembre del año pasado hasta la primera semana de mayo, además de viajes de delegados chinos por toda la traza del río. La investigación detectó que la empresa Servimagnus, que ya opera en la Hidrovía y pertenece al grupo Loginter controlado por la familia Román, promovía el uso de tecnología china en Argentina, incluso a través de una firma extranjera que ocultaba lazos con ese Estado. Loginter mantiene asociaciones con gigantes asiáticos como Huawei, Cosco y mineras chinas que operan en el país. Caputo respondió que la administración Milei es "pro americana y opositora a China" y minimizó la presencia del país asiático en el dragado.

La segunda denuncia apunta directamente al aval que el Gobierno presentó como respaldo internacional del pliego. DTA Engenheria solicitó a la UNCTAD que confirme o desmienta la autenticidad de dos documentos atribuidos al organismo. Según el peritaje encargado por la empresa brasileña, los textos no identifican autor, fueron elaborados en Word con apenas una hora y 29 minutos de diferencia el 3 de diciembre de 2025, llevan la firma de un tal Rafael Escutia vinculado a la española Port Insight Consulting SL —ligada en el pasado a Jan de Nul— y carecen de código oficial UNCTAD, ISBN y firma criptográfica. Los documentos cuestionados son los mismos que sirvieron para justificar criterios técnicos y la banda de precios del peaje.

En el plano judicial, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) decidió no apelar el cierre de la medida cautelar dispuesta por el juzgado de Daniel Rafecas, pero continuará con la investigación. El organismo entiende que el pliego actual es idéntico al que fue dado de baja el año pasado por irregularidades y arrastra incluso la misma deuda de 80 millones de dólares que el Estado tiene con el privado, monto que el nuevo concesionario deberá absorber. La PIA prepara otro dictamen sobre los puntos oscuros del proceso, en línea con las sospechas que ya había expresado el fiscal Guillermo Marijuan.

El reclamo norteamericano se trasladó también al Congreso. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, envió una carta al secretario de Estado Marco Rubio alertando sobre lo que calificó como "maligna influencia" china en el contrato. Mientras el Ejecutivo y los oferentes salieron a desmentir cualquier alianza, ninguno presentó por ahora pruebas que la descarten. La licitación avanza a todo vapor con la adjudicación prevista para las próximas semanas.