Piden investigar si funcionarios de Milei retiraron fondos de Ueno Bank antes de su caída

El exjuez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia presentó una denuncia penal para que se investigue si funcionarios del Gobierno nacional retiraron fondos públicos de Ueno Bank antes de que el Banco Central del Paraguay (BCP) interviniera la entidad por su grave crisis de solvencia. Entre otros puntos, la presentación pide determinar si había recursos vinculados con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que administra la represa que Argentina y Paraguay comparten sobre el Paraná, frente a Ituzaingó.

La denuncia fue dirigida a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Comprende a los responsables de la Embajada argentina en Asunción, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Finanzas, y a cualquier persona que hubiera ordenado, facilitado o ejecutado las operaciones. Esas áreas están encabezadas por el embajador Guillermo Nielsen, el ministro Luis Caputo y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. El escrito, de todos modos, no individualiza todavía quién habría dispuesto las transferencias.

La sospecha central es que funcionarios argentinos habrían conocido de antemano la insolvencia del banco y aprovechado esa información para resguardar depósitos antes de que miles de ahorristas quedaran atrapados. Tiscornia pide investigar los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y uso de información privilegiada.

El vínculo con Yacyretá

Nielsen es embajador en Paraguay desde mayo de 2024. Según la información difundida en torno a la denuncia, en abril de este año sumó la representación de la Cancillería ante la EBY. Ese mes había recorrido el complejo hidroeléctrico y las obras de Aña Cuá.

La presentación solicita establecer si existían depósitos de la binacional en Ueno Bank y si fueron movilizados antes del colapso. Versiones periodísticas indican que la entidad había evaluado colocar fondos en ese banco y finalmente desistió. Ese punto también deberá aclararse en la causa.

Lo que se denuncia y lo que falta probar

El planteo judicial retoma versiones periodísticas según las cuales dependencias oficiales argentinas habrían retirado sumas importantes unos quince días antes de la crisis, con destino al Banco de la Nación Argentina. Esas mismas versiones sostienen que más de mil argentinos con cuentas en la entidad paraguaya habrían recuperado sus ahorros a tiempo.

Por ahora no se conocen montos, cuentas ni fechas de esos movimientos. Por eso Tiscornia pidió que Cancillería y Economía entreguen los registros de sus cuentas institucionales en el exterior, y que el Banco Nación informe ingresos extraordinarios de divisas provenientes de Ueno Bank en las tres semanas previas a la intervención. También solicitó cooperación judicial con Paraguay para obtener auditorías bancarias y la citación de los periodistas que difundieron las presuntas maniobras.

La crisis del otro lado de la frontera

El directorio del BCP resolvió en la madrugada del martes 3 de noviembre iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. La medida dejó sin acceso a sus fondos a casi tres millones de clientes, entre ellos instituciones públicas.

La Fiscalía paraguaya abrió una causa penal y ocho directivos del banco quedaron detenidos. El escándalo escaló a la política. Santiago Peña había sido accionista del grupo hasta 2025, y la crisis terminó con su salida de la presidencia tras renunciar y enfrentar un juicio político. Luego la Fiscalía lo imputó junto al expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo.

La denuncia de Tiscornia no demuestra por sí sola que los retiros hayan existido. Si la Justicia avanza, deberá determinar quién autorizó los movimientos, cuándo se hicieron y con qué información se tomaron esas decisiones.