La DEA tomó el control del monitoreo antinarcóticos en la Hidrovía del Paraná

La agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA, quedó a cargo del monitoreo de la Hidrovía del Río Paraná a comienzos de este año, en un movimiento que pasó casi inadvertido para la opinión pública pero que fue registrado en las fuerzas federales de seguridad argentinas. El instrumento elegido son los Grupos Operativos Conjuntos (GOC), estructuras interagenciales creadas en 2017 durante la primera gestión de Patricia Bullrich al frente del ministerio de Seguridad, con financiamiento directo de la agencia estadounidense.

El punto de inflexión fue la Resolución 4 de la actual ministra Alejandra Monteoliva, que anunció la disolución del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario y, al mismo tiempo, consolidó el rol del GOC-Centro como unidad operativa en la región, con competencia en Santa Fe y jurisdicción sobre las principales vías fluviales. La iniciativa se enmarca en una agenda impulsada por la DEA que, según trascendió, ubica a la Hidrovía como prioridad estratégica en su esquema de inteligencia regional. Por esa ruta circulan alrededor de 4.500 buques al año y conecta puertos de cinco países.

El interés de Washington en la vía troncal del Paraná quedó documentado en un informe financiado por el Departamento de Estado estadounidense, que señala a Rosario como un centro de redistribución de cocaína controlado en parte por organizaciones criminales de escala internacional. El mismo trabajo advierte que las extensas fronteras del norte argentino —limítrofes con Bolivia, Paraguay y Brasil— y los principales ríos del país funcionan como corredores para el tráfico de estupefacientes. En ese diagnóstico se encuadra la decisión de reforzar la presencia operativa en la región.

La estructura de los GOC, sin embargo, arrastra cuestionamientos desde su origen. Un documento clasificado del ministerio de Seguridad al que accedieron medios especializados consigna que las fuerzas federales de origen —Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria— elevaron quejas reiteradas porque sus agentes respondían a directivas de la DEA y no a las cadenas de mando institucionales argentinas. El mismo texto revela que la agencia norteamericana aportaba fondos no declarados para el pago de informantes, con rendición de cuentas exclusiva ante los estadounidenses y sin intervención de la Justicia local.

El escenario se reactiva en un momento particularmente sensible: la Hidrovía transita la etapa final de su proceso licitatorio, con grupos empresariales extranjeros y locales en puja por el control de la vía navegable troncal. La DEA en Argentina está conducida desde 2022 por el agente John Wallace, según la misma fuente, y tiene como premisa monitorear todo aquello que pueda impactar en el territorio estadounidense. Su principal activo, en este esquema, es el flujo de información que recoge a través de las estructuras operativas que coordina en el país.