Blindaje judicial: la familia Peña frenó el acceso a los datos de sus empresas

Mientras la crisis de Ueno bank sigue sumando capítulos judiciales, se conoció que familiares y allegados del expresidente Santiago Peña obtuvieron hace un año un amparo constitucional. La medida impide al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregar documentación reservada sobre ellos y sobre las sociedades en las que tienen participación.

La resolución fue dictada el 5 de noviembre de 2025 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno, Secretaría N.º 22. El juzgado ordenó al MEF abstenerse de facilitar esa documentación, que está bajo su custodia. Contempla dos excepciones: una orden judicial expresa o el requerimiento de un organismo estatal facultado por ley.

El amparo fue promovido el 30 de octubre de 2025 por 13 personas. Entre ellas figuran la entonces primera dama, Leticia Ocampos Villate, y Ana María Palacios de Peña y José Cayetano Peña Nieto, madre y padre del exmandatario. También lo firmaron sus hermanos, Manuel y Francisco Peña Palacios, y su hijo, Gonzalo Peña Ocampos.

Completan la nómina Serenella Argaña Scavone, nuera del expresidente, y Carlos Antonio Ocampos Zelada, María Teresa Villate Garcete, Carlos Ocampos Villate y Adriana Ocampos Villate, del entorno familiar de la ex primera dama. Se suman Claudia Verónica Gómez Abente y Rocío Caballero Bosch.

Qué información se buscaba proteger

El recurso se originó a partir de una solicitud de acceso a la información presentada por un comunicador ante el ministerio. El pedido apuntaba a conocer los vínculos empresariales de los familiares del entonces presidente que constan en registros estatales.

En concreto, se pedían documentos sobre la constitución de las sociedades, actas de asamblea y de directorio. También se solicitaban las constancias de comunicación al Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y al Registro Administrativo de Beneficiarios Finales. Ambos registros fueron creados por la Ley 6446/2019, que el juzgado tomó como fundamento.

Los accionantes sostuvieron que la entrega de esos datos ponía en peligro inminente su derecho a la intimidad, su patrimonio documental y su seguridad. Argumentaron que se trata de información reservada que no corresponde entregar a cualquier ciudadano.

El MEF se opuso al pedido. Su representación legal presentó el informe requerido por el juez el 3 de noviembre de 2025. Dos días después, el magistrado hizo lugar al amparo. No es un caso aislado: entre 2024 y 2025 el ministerio registró 27 acciones de amparo promovidas para frenar la divulgación de este tipo de datos.

Un fallo que vuelve a escena

La resolución trascendió en medio de los cuestionamientos sobre los vínculos financieros del entorno de Peña. El escándalo se desató tras la intervención de Ueno bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) y el colapso del Grupo Vázquez.

El viernes 6 de noviembre, el Senado destituyó a Peña por mal desempeño de funciones en un juicio político que se resolvió con 44 votos. El vicepresidente Pedro Alliana juró ese mismo día como nuevo presidente de la República.

Horas después, la Fiscalía imputó al exmandatario en la causa caratulada "Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros". La investigación sigue con allanamientos y análisis de documentación incautada.

Al dejar abiertas las vías para la Justicia y los organismos competentes, el amparo no impediría que el Ministerio Público acceda a esa documentación en el marco de la investigación penal en curso.