Así sería el nuevo método para elegir jueces que impulsa la Corte y apoyan los empresarios

El proyecto de reforma del sistema de concursos para elegir jueces que impulsa la Corte Suprema sumó este miércoles un fuerte respaldo del sector empresario. Entidades como el Grupo de los Seis, IDEA, Amcham y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa expresaron su apoyo a la iniciativa, que busca reducir la discrecionalidad y fortalecer la objetividad en los procesos de selección de magistrados.

El sistema actual funciona a través del Consejo de la Magistratura, que organiza concursos públicos para evaluar a los candidatos. Sin embargo, ese mecanismo arrastra críticas de larga data: las entrevistas personales tienen un peso considerable y son cuestionadas por su componente subjetivo y por abrir la puerta a presiones políticas. A eso se suma la falta de criterios claros y previsibles, lo que según sus críticos permite que cada gobierno de turno termine inclinando la balanza hacia sus preferidos.

La propuesta de la Corte, presentada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti con el aval del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, apunta a corregir esos problemas. Entre los cambios principales figura una menor ponderación de las entrevistas, la implementación de concursos anticipados para cubrir vacantes con mayor rapidez y la incorporación de mayores garantías de anonimato y transparencia en las evaluaciones escritas. La idea central es que el mérito y la idoneidad técnica de los postulantes tengan un peso determinante frente a cualquier otro factor.

Desde el sector empresario destacaron que un sistema más previsible no solo mejoraría el funcionamiento de la Justicia, sino que también resulta importante para atraer inversiones y consolidar la confianza en el país. El G6 instó al Consejo de la Magistratura a avanzar con rapidez en la aprobación del nuevo reglamento, que ya fue remitido formalmente para su tratamiento.

El reclamo cobra urgencia en un contexto de numerosas vacantes judiciales. Según datos oficiales, más de 200 cargos de jueces federales y nacionales están pendientes de cobertura en distintas instancias, lo que genera demoras en la resolución de causas y sobrecarga a los magistrados en funciones.

El respaldo empresario se suma al de distintos sectores del ámbito jurídico y académico que también acompañaron la iniciativa. Desde las cámaras coinciden en que la reforma responde a un reclamo persistente por reglas más claras y mayor calidad institucional en la designación de quienes tienen a su cargo decisiones que afectan los derechos y los bienes de las personas.