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La Corte dejó vigente el DNU sobre la venta de tierras

La Corte Suprema dejó vigente un decreto del Gobierno que permite la venta sin límites de tierras a extranjeros. La decisión se basó en la falta de legitimación del CECIM para impulsar la demanda.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales y eliminó los límites que regían para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. El máximo tribunal revocó así un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional esa medida.

La causa había sido iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación de la Ley 26.737. La organización sostenía que la eliminación de las restricciones podía favorecer la extranjerización de tierras y afectar cuestiones vinculadas con la soberanía y la integridad territorial.

Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el CECIM no tenía legitimación suficiente para promover la acción judicial y que no existía un caso o controversia concreta que habilitara la intervención de los tribunales.

La Corte aclaró que su decisión no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 . El fallo se limitó a cuestionar la legitimación de la asociación que inició la demanda y la inexistencia de un caso judicial concreto.

La Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011, establecía que las tierras rurales en manos de extranjeros no podían superar el 15% de la superficie total del territorio nacional, provincial o departamental , además de establecer restricciones vinculadas con la nacionalidad de los propietarios y determinadas zonas.

Con la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, esas restricciones dejan de operar, al quedar nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el Gobierno. La decisión se conoce además después de que el oficialismo retirara del Congreso un capítulo de su proyecto de ley de propiedad privada que buscaba modificar las restricciones a la adquisición de tierras por extranjeros.

De esta manera, la resolución de la Corte vuelve a poner en el centro del debate el régimen de propiedad de tierras rurales en Argentina y el alcance de las restricciones para capitales y personas extranjeras.

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