La Corte le puso un freno a las provincias que quieren cobrar Ingresos Brutos sobre toda la producción

La Corte Suprema de Justicia falló a favor de YPF y le puso un límite a la provincia de Chubut, que pretendía cobrar el impuesto sobre los Ingresos Brutos por la totalidad del petróleo extraído en su territorio. En la causa "YPF S.A. c/ Provincia del Chubut", resuelta el 23 de abril, el tribunal declaró inválida esa pretensión fiscal por considerar que discrimina contra el comercio entre provincias. La sentencia llevó las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

El conflicto venía de larga data. Chubut le reclamaba a la petrolera una deuda de unos 60 millones de pesos por períodos fiscales que iban de 2003 a 2007, y sostenía que el crudo que YPF saca de la provincia —sin facturar— hacia sus refinerías de Buenos Aires debía tributar en un 100% en jurisdicción chubutense. La empresa, en cambio, liquidaba el impuesto a valor boca de pozo y descontaba la porción que se industrializa fuera de la provincia y termina exportándose, una actividad exenta del gravamen.

El punto que definió el fallo es de fondo. La Corte explicó que, con el criterio de Chubut, el petróleo pagaría impuesto solo por el hecho de ser procesado o incluso almacenado en otra provincia antes de exportarse, mientras que esos mismos pasos hechos dentro de Chubut no generarían tributo alguno. Para los jueces, eso castiga impositivamente a una empresa por mover su producción de una provincia a otra, algo que la Constitución no permite. Por eso consideraron irrelevante discutir si la interpretación que hizo la provincia del artículo 13 del Convenio Multilateral era la prohibición de discriminar contra el comercio interprovincial, señalaron, "viene impuesta por la Constitución misma".

El antecedente excede al sector petrolero. Tributaristas advierten que el criterio puede proyectarse sobre cualquier actividad cuya cadena de valor atraviese más de una provincia, en especial el agro y la energía, y abrir la puerta a reclamos de otras empresas que hoy soportan esquemas de retención considerados excesivos. La señal, leen en el ámbito empresario, apunta a reforzar la seguridad jurídica y a desarmar las llamadas "aduanas provinciales".

El fallo tiene una derivación directa en el NEA. El razonamiento de la Corte —que la potestad tributaria de las provincias encuentra un tope en las garantías constitucionales de libre tránsito— es el mismo argumento que esgrime la yerbatera correntina Las Marías en su demanda contra Misiones, donde cuestiona el régimen de anticipos y percepciones que el sector conoce como "aduana paralela". Esa causa también está en manos de la Corte, con la provincia de Corrientes intervenida como tercero, de modo que el precedente sentado en el caso chubutense podría inclinar la discusión sobre cuánto y dónde pueden cobrar las provincias cuando un producto cruza sus fronteras.