La Corte repuso los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros

La Corte Suprema de Justicia dictó este viernes una medida cautelar interina que suspende el artículo 154 del DNU 70/2023. Con ese artículo, el gobierno de Javier Milei había derogado la Ley de Tierras Rurales. En la práctica, vuelven a regir las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros previstas en la Ley 26.737. Esa norma fue sancionada en 2011 y fijaba, entre otros límites, un tope del 15% de la superficie rural en manos extranjeras.

La decisión se tomó de urgencia y con un tribunal dividido. La firmaron los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

El fallo revierte en los hechos los efectos de la sentencia que la Corte dictó el martes 29 de septiembre. Ese día, el tribunal revocó la resolución de la Cámara Federal de La Plata que en 2024 había declarado inconstitucional la derogación. El argumento fue procesal. Los jueces entendieron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, que invocaba la defensa de la soberanía, no tenía legitimación para promover el caso.

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El planteo desde Río Negro

La nueva resolución responde a un pedido de aclaratoria. Lo presentaron la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Futa Anekon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que presidió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) durante el gobierno de Alberto Fernández. El grupo había iniciado un amparo colectivo en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche contra el artículo 154 del decreto.

La Cámara Federal de La Plata había tramitado ese expediente como conexo al del CECIM. Por eso, tras el fallo de septiembre, los demandantes le pidieron a la Corte que precisara si esa sentencia alcanzaba también su causa. Remarcaron que su reclamo no se apoyaba en la soberanía. Lo fundaron en "derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas".

La Corte no se pronunció sobre la legitimación de los demandantes ni sobre la constitucionalidad del decreto. Devolvió la causa al juzgado de Bariloche para que esas cuestiones se discutan allí. Mientras tanto, la cautelar mantiene suspendido el artículo 154 hasta que ese juzgado resuelva quiénes están legitimados y analice el pedido de medida cautelar.

Según la mayoría, lo resuelto "de ninguna manera puede ser considerado como un apartamiento o una modificación de criterio" respecto del caso CECIM. Los firmantes explicaron que en aquel expediente se debatieron circunstancias concretas diferentes.

La disidencia

Rosenkrantz rechazó la medida. "La mera referencia genérica al medio ambiente no puede convertirse en una coartada para que los jueces dispongan medidas cautelares, siquiera interinas", escribió en su voto.

El juez también se refirió a las críticas que recibió el fallo anterior. Sostuvo que "el descontento que en distintos sectores de la sociedad pudo haber causado la sentencia" de septiembre "no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten". Y concluyó: "Un proceder así solamente debilitará la confiabilidad del Poder Judicial de la Nación".

Un trámite exprés

Los amparistas presentaron la aclaratoria el jueves 1 de octubre. Ese día, Rosatti y Lorenzetti habían difundido un comunicado. Allí señalaron que podrían dictar una medida cautelar si llegaba un caso nuevo presentado por alguien legitimado.

El martes 6, ante la falta de acuerdo entre sus tres integrantes, el tribunal sorteó a los dos conjueces. Los necesitaba porque un fallo requiere tres votos coincidentes. El sorteo se hizo con bolillero y las partes lo siguieron por videoconferencia.

Las reglas del proceso daban 72 horas para recusar a los conjueces. La Corte acortó ese plazo "en atención a las particulares circunstancias de la causa", sin detallar cuáles eran. También habilitó días y horas inhábiles y convocó a un acuerdo un viernes, un día poco habitual para sus reuniones formales.

Barroetaveña y Pérez Curci son camaristas federales con larga trayectoria en el fuero penal. No es la primera vez que integran la Corte como conjueces.

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La previa de la sesión en Diputados

La decisión llega a seis días de la sesión especial que la oposición pidió para el jueves 15 de octubre a las 14. En esa sesión busca rechazar el DNU 70/2023 en su totalidad, una iniciativa que tomó impulso después del fallo de septiembre. El oficialismo, en cambio, convocó para el miércoles 14 a un plenario de comisiones para tratar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La Libertad Avanza prevé sumarle un capítulo sobre tierras rurales, y entre sus aliados la opción con más respaldo es restaurar el tope del 15% que regía antes del decreto.