El Gobierno negó irregularidades en contrato con entidad vinculada a la esposa de Sturzenegger

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto rechazó que existan irregularidades en la contratación de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por $114.044.133 para brindar capacitaciones en inglés al personal diplomático y administrativo. El canciller Pablo Quirno aseguró que el proceso se ajustó a la normativa vigente y que contó con la intervención de los organismos de control correspondientes.

"No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario", afirmó Quirno en una publicación realizada en la red social X. Allí explicó que la Cancillería mantiene contratos con la AACI desde 2018 para este tipo de cursos y que, en esta oportunidad, al existir un vínculo familiar entre la Directora Ejecutiva de la entidad, María Josefina Rouillet, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se aplicó el procedimiento previsto para estos casos.

Según detalló el funcionario, "se activó el procedimiento de integridad" establecido en el Decreto 202/2017, con la participación de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). "El expediente se tramitó de manera pública y transparente, con la participación de todos los organismos de control correspondientes", sostuvo, y agregó que la documentación está disponible en los sistemas oficiales.

La contratación se concretó mediante una adjudicación simple por especialidad a través del sistema COMPR.AR, bajo el expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y el procedimiento 26-0033-CDI25. El contrato tiene una vigencia de nueve meses y contempla la posibilidad de prórroga por un período similar. Desde el entorno de Sturzenegger indicaron que el informe incorporado por la Oficina Anticorrupción concluye que "está clarísimo que no hubo ni hay irregularidad alguna".

Las declaraciones oficiales se produjeron luego de que la senadora nacional del PJ, Juliana di Tullio, anunciara que presentará una denuncia en los tribunales de Comodoro Py contra Sturzenegger y Rouillet por presuntas anomalías en la adjudicación. Desde el Gobierno insistieron en que el procedimiento fue revisado por los órganos de control y descartaron la existencia de conflicto de intereses o fallas administrativas.