El Gobierno prepara un nuevo paquete de desregulaciones para enviar al Congreso

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tiene listo un nuevo paquete de desregulaciones para remitir al Congreso, con un borrador que supera los 300 artículos y alcanza al mercado inmobiliario, las farmacias, la venta de libros y la agroganadería, entre otros rubros. El texto, que comenzó a circular durante el fin de semana, incluye además un capítulo que declara la emergencia pública en materia administrativa y de competencia por seis meses.

El proyecto retoma el método que Sturzenegger ya usó en otras iniciativas que aún no lograron sanción, como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada o la conocida Ley Hojarasca: reunir modificaciones a distintas normas y sectores dentro de un mismo texto legal.

Entre los cambios más sensibles figura la reforma al Régimen de Corretaje, que eliminaría la matrícula obligatoria y el requisito del título universitario para ejercer como corredor inmobiliario, dejando como únicas condiciones la mayoría de edad y el secundario completo. En el mercado del gas licuado de petróleo, el borrador busca impedir cualquier intervención estatal sobre precios, volúmenes o condiciones comerciales, y limitar la actuación del Estado a cuestiones de seguridad técnica. En farmacias, se habilitaría la venta de medicamentos de venta libre en supermercados y kioscos, mientras que los que requieren receta seguirían circunscriptos a las farmacias, aunque con más margen para la venta online.

El texto también prevé derogar la ley que fija el precio uniforme del libro, pensada para proteger a las librerías de barrio frente a las grandes cadenas, y la norma que obliga a doblar al castellano el contenido audiovisual extranjero. En el campo, propone dejar sin efecto la ley de arrendamientos rurales —que hoy fija plazos mínimos para el alquiler de campos— y elimina la exigencia de fabricar en el país los productos veterinarios importados. En materia de navegación, habilitaría el transporte marítimo y fluvial de bandera extranjera, aunque con una incorporación gradual de tripulación argentina.

Por el momento, la iniciativa continúa como borrador y todavía no tiene fecha de ingreso formal al recinto.