"Hay que poner un freno a quienes quieren acaparar nuestros recursos"

En diálogo con N9, la socióloga e integrante del Observatorio de Tierras, Julieta Caggiano, advirtió sobre los riesgos de eliminar los límites a la venta de campos a capitales foráneos.

La reciente decisión de la Corte Suprema de suspender el artículo del DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras generó un alivio provisorio, pero mantiene la preocupación entre los especialistas que defienden la soberanía nacional. En diálogo con N9, la socióloga, becaria del CONICET e integrante del Observatorio de Tierras, Julieta Caggiano, analizó la situación y fue contundente al referirse a la actuación judicial: "La Corte actúa como un brazo político del Gobierno". Para la investigadora, el fallo representa una "victoria parcial" en un escenario de disputa que continúa abierto. En ese contexto, también se mantiene la convocatoria a movilizarse el próximo día 15, con el objetivo de rechazar el megadecreto en su totalidad.

El riesgo de que se eliminen definitivamente los límites a la extranjerización de tierras es uno de los principales puntos de preocupación. Caggiano explicó que actualmente hay más de 13 millones de hectáreas argentinas en manos extranjeras, una superficie comparable con la extensión de toda la provincia de Santa Fe o de Inglaterra. La investigadora aclaró que, aun con la Ley de Tierras vigente y sin modificar sus límites, esa superficie podría llegar a triplicarse, ya que el tope del 15% fijado a nivel nacional está lejos de alcanzarse. Según explicó, el interés por cambiar la normativa respondió a que en determinadas zonas ese porcentaje ya había sido superado, lo que impedía nuevas compras por parte de extranjeros. Con la derogación impulsada por el DNU 70/2023, en cambio, desaparecería cualquier tope, y la superficie extranjerizada podría cuadruplicarse o quintuplicarse.

El interés extranjero por las tierras argentinas tampoco se distribuye de manera uniforme, sino que se concentra en áreas con recursos naturales y valor estratégico. El mapa elaborado por el Observatorio de Tierras muestra que las propiedades en manos extranjeras se encuentran en zonas limítrofes, sectores vinculados a la salida al río Paraná y áreas cordilleranas, entre otros territorios de importancia geopolítica y ambiental. En este contexto, Caggiano remarcó la necesidad de "poner un freno a quienes quieren acaparar nuestros recursos más valiosos" y mencionó el caso de Joe Lewis y el acceso a Lago Escondido como un ejemplo de los conflictos que pueden surgir en torno a la propiedad privada y el acceso a espacios naturales.

A nivel regional, el panorama también genera preocupación por la situación del Litoral argentino. Al referirse a la provincia de Corrientes, Caggiano señaló que el departamento de Ituzaingó es el más extranjerizado de la zona, con más del 40% de su superficie rural en manos extranjeras, seguido por el departamento de Berón de Astrada. Esa proporción supera ampliamente el tope del 15% que establece la ley. Se trata de un dato especialmente relevante por el valor ambiental y estratégico de los territorios correntinos, que incluyen áreas vinculadas a los Esteros del Iberá y a la región del Acuífero Guaraní.

La especialista sostuvo que la protección de las cuencas de agua, las fronteras y las zonas de biodiversidad constituye una cuestión central para la soberanía de cualquier país. "La ley apunta a que el Estado argentino se resguarde", enfatizó durante la entrevista. En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias que puede tener la eliminación de las restricciones para el control territorial y el acceso a recursos estratégicos, como los ríos, los lagos y las tierras productivas, cuya importancia excede el valor económico de cada propiedad.

Ante este escenario, desde el Observatorio de Tierras llaman a mantener la atención pública sobre la problemática y a no confundir la suspensión judicial de una disposición con la resolución definitiva de la disputa. La discusión sobre la Ley de Tierras involucra no solo la propiedad de millones de hectáreas, sino también la capacidad del Estado para establecer límites a la concentración extranjera en territorios estratégicos. En ese marco, el Observatorio promueve la consulta de sus mapas y la participación ciudadana para visibilizar la situación y sostener el debate sobre la protección del patrimonio territorial argentino.