13 millones de hectáreas en manos extranjeras: el mapa que reabre el debate por la tierra en Argentina

La cifra representa cerca del 5% del total registrado y equivale a una superficie similar a la de Grecia. Pero el dato más relevante no está sólo en la cantidad, sino en dónde se encuentran esas tierras.

La investigación fue realizada por el historiador Matías Oberlin y la socióloga Julieta Caggiano, vinculados al Conicet y al Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El trabajo se construyó con datos obtenidos mediante pedidos de acceso a la información pública.

La Ley 26.737, vigente desde 2011, establece límites a la propiedad extranjera de tierras rurales y fija, entre otras restricciones, un máximo del 15%. Ninguna provincia supera actualmente ese porcentaje en términos globales, pero cuando el análisis desciende a departamentos y localidades aparecen situaciones muy diferentes.

En algunas zonas, la extranjerización supera ampliamente el promedio nacional e incluso alcanza porcentajes mucho más elevados. Varias de esas áreas coinciden con territorios vinculados a acuíferos, minerales críticos, litio, tierras raras, zonas cordilleranas y áreas fronterizas.

Uno de los casos señalados es Cushamen, en Chubut, donde aproximadamente el 23% de las tierras está en manos extranjeras. Allí tiene una importante presencia el grupo italiano Benetton, propietario de extensas superficies en la Patagonia.

Otro punto observado es Malargüe, Mendoza, donde la participación extranjera ronda el 15% y donde creció el interés por nuevos proyectos mineros.

El mapa también pone el foco sobre las fronteras del norte argentino, particularmente las zonas próximas a Paraguay. En ese escenario aparece Corrientes, donde convergen tierra productiva, agua, frontera internacional y cercanía con la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Por nacionalidad, los datos difundidos ubican a propietarios de Estados Unidos con alrededor de 2,7 millones de hectáreas, seguidos por italianos y españoles.

El debate se cruza ahora con la discusión sobre posibles cambios a la Ley de Tierras. El Gobierno sostiene que las restricciones actuales pueden desalentar inversiones. Investigadores, ambientalistas y otros sectores advierten que una flexibilización podría aumentar la compra de tierras en regiones con recursos estratégicos.