El Gobierno lanzó la privatización de Aysa y prepara la de Intercargo, las rutas y la energía

El Gobierno nacional puso en marcha este viernes una nueva etapa de su plan privatizador con la publicación en el Boletín Oficial de los pliegos para la venta del 90% de Aysa, la empresa que provee agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Es el primer servicio público que pasa a manos privadas en la era Milei y, según el cronograma oficial, los interesados tendrán plazo hasta el 27 de agosto para presentar ofertas. El 10% restante quedará en poder de los empleados.

La operación se formalizó a través de la Resolución 704 del Ministerio de Economía y el Ejecutivo proyecta recaudar unos 500 millones de dólares. Si bien el Estado dejará de operar el servicio, la infraestructura y los activos estratégicos seguirán siendo de propiedad estatal, ya que el esquema elegido es una licitación a 30 años con control y regulación pública. Pueden participar empresas locales e internacionales, con preferencia para aquellas con experiencia previa en servicios afines.

Detrás de Aysa avanza Intercargo, la firma que opera rampas y mangas en los aeropuertos del país y que concentra casi todo ese mercado. El plazo para presentar ofertas vence el 10 de junio y la base es de 45 millones de dólares por el 100% del paquete accionario. De acuerdo con la información que difundió este viernes el diario Clarín, hasta el momento aparecen tres interesados nacionales y un cuarto del exterior que ya inició gestiones para sumarse antes del cierre.

Otro frente es el de las rutas nacionales. El Gobierno acaba de avanzar con la licitación de 2.500 kilómetros que abarcan tramos de las rutas 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188, 193 y otros corredores entre Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Santa Fe y La Pampa, con 41 ofertas presentadas por 17 competidores. El plan oficial es completar un esquema cercano a los 9.000 kilómetros concesionados. Entre los próximos tramos figuran rutas con fuerte incidencia en el NEA, como la 12 y la 14, además de la 19 y la 34, que conectan el norte con el centro del país. En todos los casos las concesiones deberán sostenerse con peaje y financiamiento privado.

El segmento energético también está en el radar, con la idea de avanzar sobre las termoeléctricas e hidroeléctricas que aún están bajo control estatal y sobre activos que hoy pertenecen a Enarsa. En materia ferroviaria, el foco está puesto en el Belgrano Cargas, una red que el norte argentino utiliza para sacar granos hacia los puertos del Gran Rosario. Trascendió interés de un pool integrado por AGD, Bunge y Cargill, y del Grupo México Transportes. La concesión proyectada es por 50 años.

Por fuera del cronograma quedan, al menos por ahora, dos compañías de peso. El Gobierno postergó la privatización de Aerolíneas Argentinas y la del Correo Argentino, en el primer caso porque necesita aval del Congreso —algo que hoy no considera viable— y en el segundo por una lectura política del momento. La única alternativa que sigue flotando para la línea aérea es una eventual asociación con otra compañía que le permita al Estado correrse sin perder el activo. Trenes Argentinos, que opera las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur, tampoco entra por ahora en la lista.