Con la mira en 2027, el Ejecutivo pisa el freno a la privatización del Correo
En el Ejecutivo reconocen que el proceso perdió prioridad y que no hay fecha para publicar los pliegos, mientras el Correo cumple un rol logístico clave en el traslado de urnas y telegramas.
El Gobierno nacional decidió poner en pausa el proceso para concesionar el Correo Argentino en momentos en que se acerca el calendario electoral de 2027. Según trascendió de fuentes oficiales, la iniciativa dejó de integrar la lista de prioridades inmediatas dentro del programa de privatizaciones, aunque los equipos técnicos continúan trabajando sobre el esquema.
El principal obstáculo que mencionan en el Ejecutivo tiene que ver con las tareas que el Correo cumple en la organización de los comicios nacionales: el despliegue y repliegue de urnas y documentación, la transmisión de telegramas y otras funciones logísticas que exigen una preparación de varios meses. Un cambio de operador en medio de ese proceso, sostienen, podría generar demoras riesgosas para la jornada electoral.
De acuerdo con fuentes del Gobierno, abrir ahora una licitación y avanzar hacia el recambio de la empresa administradora podría superponerse con la preparación electoral. La inquietud crece ante la posibilidad de que el año próximo vuelvan a realizarse las PASO, una definición que el oficialismo todavía no cerró mientras se discute en el Senado la reforma política. "No es prioritario", resumieron en despachos oficiales, donde remarcaron que si bien el trabajo técnico continúa, no hay fecha estimada para el llamado a licitación.
La decisión modifica los plazos que la Casa Rosada manejaba a comienzos de año, cuando preveía tener encaminado el proceso durante el primer trimestre de 2026. Los tiempos se fueron estirando a medida que se reordenaban las estructuras encargadas de coordinar las empresas públicas. El esquema oficial no contempla, al menos por ahora, la venta directa de las acciones de la compañía, sino una nueva concesión de la explotación del servicio postal, en línea con el antecedente de 2003, cuando se rescindió la concesión privada y se creó, al año siguiente, el Correo Oficial de la República Argentina como sociedad estatal.
La cuestión electoral le suma una complejidad que no tienen otros procesos de privatización. El Código Electoral le asigna funciones específicas a los empleados del correo en la recepción y el traslado de urnas, documentación y telegramas una vez cerradas las mesas, mientras que la logística general de cada elección se termina de definir mediante acuerdos con el Estado. Ese esquema se mantuvo durante toda la gestión de Javier Milei: en las legislativas de 2025, la sede central de la empresa se usó para pruebas de transmisión y recuento, y el Correo también participó del pago de compensaciones a las autoridades de mesa.
Por eso en la Casa Rosada evalúan si existe una fórmula que permita adelantar parte del trámite sin modificar la operación antes de las elecciones. Una alternativa que se maneja puertas adentro sería licitar y adjudicar la concesión, pero con una toma de posesión posterior a los comicios. De todos modos, en el Gobierno no confirman que ese camino ya esté decidido.
El freno al Correo contrasta con el ritmo que tomaron en agosto otros procesos del plan privatizador. Economía lanzó la licitación para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias Belgrano, San Martín y Urquiza —que suman 7.594 kilómetros de vías en 16 provincias— con la primera presentación de ofertas prevista para noviembre. También avanzó el traspaso de los corredores viales, con la adjudicación de ocho tramos a operadores privados, mientras el proceso de Aysa sigue abierto pese a que la recepción de ofertas se postergó hasta septiembre. Economía además mantiene entre sus objetivos la privatización de las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano.
La empresa llega a esta pausa con una situación financiera distinta a la de comienzos de la gestión libertaria. Según el presupuesto 2026, el Correo proyecta ingresos corrientes por $774.126 millones y gastos por $720.308 millones, con un resultado económico positivo de $53.818 millones y sin transferencias del Estado nacional; además prevé girar $60.000 millones al Tesoro. En paralelo, la compañía continúa con su plan de reducción de costos, que incluye inversiones por $34.745 millones, la expansión del modelo "Punto Correo", nuevos sistemas de clasificación automática y trazabilidad, y mejoras en los centros de datos orientadas al comercio electrónico.
La dotación de personal también refleja ese proceso de achicamiento: el Correo cerró 2025 con 11.676 empleados y prevé terminar 2026 con 11.436, tras la fuerte reducción de planta que atravesó desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
En el Gobierno no dan por cancelada la concesión, pero ya no trabajan con el objetivo de cerrarla antes de las elecciones. La prioridad pasó a otros procesos más avanzados que no interfieren con las funciones electorales, mientras se define si es posible diseñar una transición que preserve la logística de 2027 o si el trámite deberá retomarse recién después de los comicios.
