Caso cerrado en el conflicto Bolsa - Municipio Saenzpeñense

La Bolsa de Comercio del Chaco informó este martes que la Justicia dispuso la restitución de los fondos que se encontraban afectados por medidas cautelares en el marco del litigio civil con el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, lo que cierra ese expediente puntual. El levantamiento del embargo se concretó tras el entendimiento alcanzado entre la entidad bursátil y el gobierno local para devolver el capital comprometido en las operaciones financieras cuestionadas.

La cautelar había sido dictada por el Juzgado Correccional N°2 de Sáenz Peña y alcanzaba una suma cercana a los 1.890 millones de pesos. La medida fue ratificada el 18 de marzo por el Superior Tribunal de Justicia, que rechazó el amparo presentado por la Bolsa para intentar revertirla. La controversia se originó en pérdidas registradas en el segmento de inversiones no garantizadas, conocido como NOGA, operatorias que el municipio aseguró no haber autorizado.

El cambio de escenario llegó el 17 de abril, cuando el intendente Bruno Cipolini confirmó el entendimiento en una conferencia de prensa realizada en Sáenz Peña y en una entrevista con N9. El acuerdo contempla un plan de cobro en cuotas a favor del municipio, con operaciones garantizadas y una actualización del capital equivalente a la tasa de plazo fijo del Banco Nación. En la negociación participaron las secretarías Legal y Técnica, de Planificación y de Gobierno por parte del Ejecutivo local, y el abogado Luis Gabardini junto al directivo Turletti por la entidad bursátil. Cipolini evitó hablar de un reconocimiento explícito de responsabilidad de la Bolsa, aunque sostuvo que el recupero de los fondos respaldaba implícitamente la posición del municipio.

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El intendente también se refirió a la situación del secretario de Gobierno Diego Landriscina, mencionado en la causa como la persona autorizada a operar en nombre del municipio. Aclaró que continúa como parte del equipo aunque se mantiene de licencia, y consideró que el desenlace del frente civil empieza a despejar la hipótesis sobre su rol como intermediario, aunque advirtió que la definición sobre su continuidad plena llevará tiempo. El 22 de abril, el Concejo Municipal de Sáenz Peña ratificó por mayoría los dos convenios firmados, que prevén un plan de pagos a 14 meses con el primer desembolso previsto para el 15 de mayo.

El cierre del frente civil con el municipio, sin embargo, no agota el resto del entramado judicial. La causa penal a cargo del fiscal Marcelo Soto, en la Fiscalía N°3 de Sáenz Peña, continúa con más de 400 documentos en análisis, declaraciones testimoniales en curso y la incorporación de un asesor externo en operaciones bursátiles solicitado a la Procuración General. A esa investigación se suma la causa federal en manos del fiscal Patricio Sabadini, que indaga una presunta maniobra de mucho mayor alcance: el perjuicio global denunciado se ubica en un rango de entre 8.000 y 10.000 millones de pesos y abarcaría a alrededor de 60 ahorristas, entre comerciantes y empresarios del Chaco.

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Los primeros testimonios judiciales —que fueron primicia de N9— delinearon un patrón que la Fiscalía analiza como hipótesis principal: clientes con perfil conservador cuyas categorías habrían sido modificadas sin consentimiento para canalizar sus fondos hacia operatorias de alto riesgo. Tres empresarios locales encabezan ese listado: los hermanos Diez, Cabral y Estévez. Entre los tres habrían colocado cerca de 1.000 millones de pesos bajo un perfil prudente y, al revisar sus cuentas, advirtieron que no podían recuperar su capital. Aseguran que nunca fueron notificados del cambio y que recién sospecharon cuando las rentabilidades de sus carteras se desplomaron. A esa primera tanda podrían sumarse al menos otros 30 declarantes en las próximas semanas.

A ese frente se agrega el de un ahorrista de Sáenz Peña representado por la abogada Silvina Canteros, que radicó una demanda civil el 16 de febrero. Según la presentación, el cliente —de perfil muy conservador y centrado inicialmente en dólar MEP— vio cómo a partir de junio de 2025 sus inversiones migraron al segmento NOGA y terminaron transformadas en crédito directo para terceros, instrumentado mediante cheques de pago diferido y pagarés sin garantías. Al rastrear a los libradores, la defensa detectó que algunos acumulaban hasta 2.000 cheques rechazados en el Banco Central.

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Uno de los puntos centrales de la causa federal gira en torno al productor agropecuario Rubén Médula, titular de Agro Soluciones: alrededor del 60% de los fondos administrados por la Bolsa habría sido derivado a operaciones vinculadas a su persona, pese a que desde diciembre de 2025 acumula 195 cheques rechazados por falta de fondos por un total cercano a los 3.500 millones de pesos. La investigación analiza si el dinero de los inversores fue utilizado para cubrir o canjear esos documentos sin respaldo. En ese marco se realizaron allanamientos en Resistencia, Sáenz Peña y Charata, con secuestro de teléfonos celulares de integrantes de la cúpula bursátil y del propio Landriscina. Las hipótesis penales abarcan administración fraudulenta, lavado de activos y uso de información privilegiada.

En paralelo, la entidad enfrenta otros frentes en la Justicia provincial. La firma Catalaxia S.A., dedicada a la asesoría financiera y matriculada ante la Comisión Nacional de Valores, obtuvo un embargo preventivo cercano a los 10 millones de pesos por honorarios impagos. Su socia Silvia aclaró a N9 que el reclamo no se vincula con la causa de los inversores damnificados, sino con dos meses de trabajo de estructuración de deuda y evaluación de clientes que la Bolsa nunca abonó. El expediente sumó un capítulo polémico: la firma denunció haber recibido un correo en el que la conducción ofrecía cancelar la deuda con la condición de que su presidente renunciara como socio de la Bolsa, una exigencia que el asesor legal Víctor Ruiz Díaz calificó como fronteriza con el delito. 

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El propio Ruiz Díaz, socio fundador de la entidad, presentó además una ampliación de denuncia ante el fiscal Sabadini en la que pidió investigar al Consejo Directivo por un posible "fraude de vaciamiento de cuenta". La presentación apunta a una eventual extracción del patrimonio societario, a maniobras que podrían contradecir la Ley de Mercado de Capitales y a operatorias canalizadas a través del ALYC de la institución mediante una red de productores sin estructura propia. El escrito también solicitó determinar si en esas maniobras se utilizaron fondos municipales provenientes de la coparticipación y pidió investigar la comercialización de pagarés y cheques de libradores insolventes.

Con la liberación de los fondos comprometidos en el caso del municipio, la Bolsa de Comercio del Chaco logra descomprimir uno de sus expedientes más visibles, pero la dimensión completa del escándalo —con causas penales abiertas, decenas de damnificados privados, una investigación federal en pleno avance y figuras como fraude, abuso de confianza y posibles maniobras de vaciamiento patrimonial sobre la mesa— mantiene a la entidad en el centro de la escena financiera y judicial de la provincia.