Causa Bolsa de Comercio-Municipio: la investigación seguirá en la Fiscalía N°4
La Procuración General Adjunta resolvió aceptar el planteo de inhibición del fiscal Marcelo Soto, quien había solicitado apartarse por motivos vinculados a una denuncia previa presentada en su contra ante el Consejo de la Magistratura.

La Procuración General Adjunta del Poder Judicial del Chaco resolvió que la investigación de la causa vinculada a las operaciones financieras entre la Municipalidad de Sáenz Peña y la Bolsa de Comercio del Chaco continúe en el ámbito del Equipo Fiscal N°4 de la II Circunscripción Judicial. La causa quedará a cargo del fiscal Gustavo Rafael Valero, quien deberá intervenir de manera conjunta con la fiscal de Cámara Andrea Verónica Bastos.
La decisión se tomó luego del planteo de inhibición formulado por el fiscal Marcelo Fabián Soto, titular del Equipo Fiscal N°3, quien solicitó apartarse al considerar comprometida su imparcialidad. El argumento central estuvo vinculado a una denuncia previa que el abogado Juan Antonio Arregin, representante de una de las partes, habría presentado en su contra ante el Consejo de la Magistratura.


En su presentación, Soto sostuvo que esa situación afectaba las garantías de objetividad e independencia necesarias para continuar al frente de la investigación. Posteriormente amplió su planteo e invocó la figura de "violencia moral", prevista en el artículo 69 del Código Procesal Penal del Chaco. Si bien Valero había rechazado inicialmente el pedido al considerar que la denuncia ante el Consejo de la Magistratura había sido desestimada, la Procuración resolvió finalmente aceptar la inhibición.
En los fundamentos, el organismo señaló que debía preservarse la confianza de las partes y de la comunidad en la administración de justicia, especialmente por tratarse de una causa de relevancia institucional. El expediente se desprende del conflicto por las inversiones del municipio en operaciones no garantizadas a través de la BCCCh, que derivó en un embargo preventivo cercano a los 1.900 millones de pesos, la citación a indagatoria del secretario de Gobierno Diego Landriscina y un acuerdo de recupero de fondos anunciado por la Municipalidad.
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