Mil millones invertidos, perfiles adulterados y cheques sin fondos: la trama detrás del escándalo de la Bolsa chaqueña

La investigación judicial que sacude al ámbito financiero del Chaco avanzó esta semana con un importante avance: los primeros tres inversores damnificados prestaron declaración testimonial ante la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del doctor Patricio Sabadini. Sus relatos comenzaron a delinear con mayor precisión la trama que la Justicia intenta desentrañar dentro de la Bolsa de Comercio de la provincia.

"Serían mil millones de pesos el faltante entre los primeros damnificados"

Los tres declarantes son empresarios reconocidos del ámbito local que confiaron sumas millonarias a la entidad bursátil chaqueña. De acuerdo con la información a la que accedió Noticiero 9, entre los tres depositaron miles de millones de pesos con el objetivo de que fueran invertidos de manera prudente. Sin embargo, al momento de sus declaraciones, el dinero que aún no pudieron recuperar supera los mil cien millones de pesos.

El mecanismo que denuncia la trama

El patrón que surge de los tres testimonios presenta un denominador común que resulta central para la investigación. Los empresarios se habían inscripto con un perfil de inversión conservador, es decir, de bajo riesgo: una categoría que implica movimientos financieros moderados, sin exposición a instrumentos volátiles ni operaciones especulativas. No obstante, según los elementos que analiza la Fiscalía, la Bolsa de Comercio habría modificado esos perfiles sin informar a los titulares del dinero ni solicitar su consentimiento.

El cambio de perfil, según la hipótesis judicial, permitió que los fondos de estos inversores fueran derivados hacia segmentos de mayor riesgo. Ninguno de los tres empresarios fue consultado antes de que se realizaran esas modificaciones. Tampoco recibieron notificación alguna sobre el nuevo destino de sus inversiones. Según sus propios relatos, recién advirtieron la situación cuando las rentabilidades de sus carteras comenzaron a caer de forma abrupta.

El destino del dinero: cheques rechazados y un empresario bajo sospecha

Uno de los ejes más delicados de la investigación gira en torno a Rubén Médula, un empresario agropecuario del sudeste provincial. Según los datos que maneja la Fiscalía Federal, aproximadamente el sesenta por ciento del dinero administrado por la Bolsa de Comercio habría sido canalizado hacia operatorias e inversiones vinculadas a este productor. El dato más alarmante: desde diciembre de 2025, Médula acumula 195 cheques rechazados por falta de fondos, por un total de 3.500 millones de pesos. La pregunta que se plantea la investigación es por qué la entidad bursátil habría seguido derivando fondos de sus socios hacia una persona con semejantes antecedentes financieros negativos.

Un universo de damnificados que crece

Si bien hasta ahora solo tres inversores completaron su declaración ante la Fiscalía, las fuentes judiciales indican que el número de afectados podría alcanzar las treinta personas. La semana próxima están previstas nuevas testimoniales que podrían ampliar el cuadro de perjudicados. El caso que inicialmente visibilizó la situación fue el del municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, cuyo reclamo funcionó como disparador para que otros inversores del ámbito privado comenzaran a presentar sus propias denuncias.

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Nuevos frentes judiciales y presiones denunciadas

En paralelo a la causa federal, la Bolsa de Comercio enfrenta un creciente número de acciones en la Justicia provincial. Esta semana se conoció un nuevo embargo preventivo por cerca de diez millones de pesos, solicitado por la empresa Catalaxia S.A., una firma de asesoría en inversiones inscripta ante la Comisión Nacional de Valores. La compañía reclama el pago de servicios profesionales prestados a clientes de la Bolsa durante los últimos tres años, sin haber recibido retribución alguna.

El caso de Catalaxia incorporó un elemento adicional a la causa: su representante legal denunció que la conducción de la Bolsa envió un correo electrónico en el que ofrecía saldar la deuda, pero condicionaba el pago a que el presidente de la empresa renunciara a su condición de socio de la entidad. El abogado calificó esa exigencia como un acto fronterizo con lo delictivo y aportó la comunicación como prueba ante la Justicia.

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La investigación, que abarca hipótesis de lavado de activos y manejo de información privilegiada, continúa a la espera de la apertura de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos realizados la semana pasada en Resistencia, Sáenz Peña y Charata. Entre los dispositivos incautados figuran los de integrantes de la cúpula directiva de la Bolsa y el del secretario general de gobierno de Presidencia Roque Sáenz Peña, Diego Landriscina.

La causa avanza a paso acelerado y los próximos días serán determinantes para conocer el alcance real de las maniobras investigadas y la cantidad definitiva de personas afectadas por lo ocurrido en la principal entidad bursátil de la provincia del Chaco.