Revés judicial para el Gobierno: suspenden 82 artículos de la reforma laboral

Un nuevo frente judicial se abrió para el Gobierno nacional luego de que la Justicia laboral dispusiera la suspensión de 82 artículos de la reforma laboral sancionada recientemente. La decisión fue tomada por el juez Raúl Horacio Ojeda, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y frenó la aplicación de gran parte del articulado de la ley 27.802.

La resolución impacta directamente sobre aspectos centrales de la normativa, especialmente aquellos vinculados a derechos colectivos e individuales de los trabajadores, como la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a huelga. Según el magistrado, la implementación de estos cambios podría ocasionar "perjuicios graves de imposible reparación ulterior", lo que justificó la intervención judicial en esta etapa del proceso.

En su fallo, Ojeda consideró que se encuentran cumplidos los requisitos para avanzar en una acción declarativa de inconstitucionalidad, al tiempo que rechazó los argumentos del Gobierno, que había planteado la inexistencia de un caso concreto y cuestionado la legitimidad de la CGT para impulsar la presentación. Para el juez, la central sindical tiene legitimación activa para representar a los trabajadores en este tipo de reclamos.

El magistrado también remarcó el rol del Poder Judicial en el control de constitucionalidad y defendió su intervención al señalar que es necesaria para garantizar la división de poderes. En ese sentido, sostuvo que la actividad legislativa debe ajustarse a la Constitución Nacional y que, de lo contrario, pierde sustento jurídico.

Desde la CGT, la presentación había apuntado a revisar artículos que modificaban normas clave como la Ley de Contrato de Trabajo, las convenciones colectivas, el régimen de asociaciones sindicales y disposiciones vinculadas al trabajo rural. Además, se invocaron convenios internacionales que establecen el principio de no regresividad en materia laboral.

Por su parte, la defensa del Gobierno había solicitado el rechazo de la cautelar, al considerar que implicaba una intromisión del Poder Judicial sobre decisiones del Congreso. Sin embargo, el fallo desestimó esa postura y avanzó con la suspensión provisoria de los artículos cuestionados, en una decisión que abre un nuevo escenario de disputa judicial en torno a la reforma laboral.

Con este panorama, la aplicación de la ley queda parcialmente paralizada mientras se resuelve el fondo de la cuestión. La causa continuará su curso en la Justicia, donde se definirá si los artículos impugnados se ajustan o no a la Constitución, en un debate que promete escalar tanto en el ámbito judicial como en el político y sindical.