La CGT advirtió que no descarta un nuevo paro general en medio del conflicto por la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) endureció esta semana sus críticas a la reforma laboral y dejó abierta la posibilidad de convocar a un nuevo paro general. El pronunciamiento llegó a pocos días de que el Gobierno publicara el decreto 407 en el Boletín Oficial, que reglamenta artículos de la Ley de Contrato de Trabajo vinculados con el registro del empleo, los recibos de sueldo, las licencias médicas y los trámites jubilatorios, entre otros puntos.

Cristian Jerónimo, uno de los dirigentes de la central obrera y secretario del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, fue categórico: "Desde que este gobierno planteó la reforma laboral lo único que vimos fue desinversión, salida de empresas y pérdida de puestos de trabajo". El dirigente sostuvo que la norma no generó empleo y apuntó que tiene como objetivo debilitar a los sindicatos y recortar derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

El Ejecutivo, por su parte, defendió los cambios al argumentar que el decreto busca simplificar cargas administrativas y modernizar las herramientas de cumplimiento mediante plataformas digitales. También reivindicó las modificaciones en materia sindical como una medida orientada a ampliar la libertad gremial. La CGT rechaza esa lectura y sostiene que la orientación real de la reforma es otra.

En ese marco, Jerónimo dejó abierta la posibilidad de una nueva medida de fuerza: "No se descarta un paro general", afirmó. Al mismo tiempo, señaló que la discusión ya no puede limitarse al plano gremial. "Hay que construir una alternativa política de cara a 2027", dijo, anticipando que el conflicto buscará proyectarse hacia el terreno electoral.

Parte de la estrategia cegetista se concentra en el frente internacional. Una delegación de la CGT participa de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, donde planea exponer las críticas sindicales a la reforma y denunciar lo que considera un avance sobre derechos laborales. La central obrera también evalúa otras vías institucionales para cuestionar la ley, en paralelo a la presión callejera que reclaman los sectores más confrontativos de la conducción.