Entró en vigencia un régimen que reduce aportes patronales por nuevas contrataciones

El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación de un capítulo clave de la reforma laboral al oficializar el decreto 315/2026, publicado durante la madrugada de este lunes. La decisión se tomó luego de que la Justicia avalara la validez de la normativa, lo que permitió activar el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), orientado a promover el empleo registrado mediante beneficios para los empleadores.

La iniciativa contempla una reducción de contribuciones patronales durante 48 meses para quienes incorporen trabajadores que no estaban formalizados. El esquema fija alícuotas diferenciales del 2% y 3%, destinadas a distintos subsistemas de la seguridad social, mientras que mantiene la obligación de aportar al Fondo de Asistencia Laboral. La administración y fiscalización del régimen quedará en manos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El programa apunta a cuatro perfiles específicos de trabajadores: personas sin empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, desempleados en los seis meses previos a su contratación, ex monotributistas sin relación de dependencia reciente en el sector privado y quienes hayan trabajado previamente en el ámbito público. Además, se aclara que ingresos adicionales posteriores no afectan los beneficios otorgados al empleador.

Para acceder al régimen, las empresas deberán haberse inscripto ante ARCA desde el 10 de diciembre de 2025 y registrar nuevas relaciones laborales entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. También se establece un límite: las incorporaciones bajo este esquema no podrán superar el 80% de la nómina total del empleador. En caso de incumplimientos, deberán reintegrarse los aportes omitidos junto con intereses y sanciones.

La reglamentación llega tras una serie de fallos judiciales que despejaron el camino para la implementación de la reforma. En ese contexto, el Ejecutivo considera que la normativa ya se encuentra plenamente vigente y busca acelerar su aplicación, incluyendo la coordinación con programas sociales para garantizar la continuidad de beneficios a los trabajadores incorporados al sistema formal.