La CGT recusó a los jueces que reactivaron la reforma laboral y pidió la nulidad del fallo

La Confederación General del Trabajo recusó a los dos camaristas de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que la semana pasada dejaron sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de cerca de 80 artículos de la reforma laboral. La presentación, encabezada por el abogado Pablo Topet, apunta contra Víctor Pesino y María Dora González, a quienes acusa de haber prejuzgado y de haber resuelto sin escuchar a la central obrera.

El planteo más fuerte recae sobre Pesino. La CGT recordó que, al día siguiente de la sentencia, el Ejecutivo envió al Senado un pedido de extensión por cinco años para que el magistrado siga en el cargo, ya que está próximo a cumplir 75 años, el tope que fija la Constitución Nacional. Para los gremios, esa coincidencia configura un beneficio personal que invalida la sentencia. "La inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía (como sucedió) favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento", argumentó la presentación, que pidió la nulidad del fallo por considerar que "carece de todo fundamento".

La central también cuestionó al propio Gobierno por impulsar esa extensión. "No menos descalificable es el proceder del Estado Nacional", remarcó el escrito, y recordó que cuando el Congreso aprobó la transferencia del fuero laboral se había acordado no enviar nuevos nombramientos para esa Justicia. Sobre la sentencia en sí, los abogados de la CGT sostuvieron que los camaristas adelantaron su criterio sobre el fondo del asunto y omitieron precisar qué artículos correspondía aplicar y cuáles debían seguir suspendidos: "Omisión y prejuzgamiento confluyen en la descalificable sentencia".

En otro tramo, la entidad apuntó contra el razonamiento de los jueces en relación con la condición de los trabajadores. "La desazón que provoca que "jueces con especial versación laboral" consideren que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia es desconocer la ley", indicó la presentación, que reivindicó el carácter alimentario de los derechos laborales y reclamó que se aplique la excepción prevista en la ley de medidas cautelares contra el Estado. La CGT también planteó un problema de competencia: sostuvo que la causa debió tramitar en la Sala I del tribunal y no en la Sala VIII, y advirtió que los magistrados resolvieron sin darle intervención previa.

La recusación abre una nueva etapa en el conflicto judicial por la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La central obrera ya dejó habilitada la vía federal para llegar a la Corte Suprema y, en paralelo, anunció que llevará el caso ante la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La movida judicial se da a tres días de la marcha del 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador, donde la CGT prometió escalar la conflictividad contra el Gobierno.