Buscan crear la figura de "vecinos supervisores" para frenar los basurales clandestinos
El presidente del Consejo Municipal, Alejandro Aradas, impulsa un proyecto que crearía un registro oficial de ciudadanos dispuestos a denunciar el arrojo ilegal de residuos, con protección de identidad garantizada.

El Concejo Municipal de Resistencia retoma el debate sobre la figura del "vecino supervisor", una iniciativa que propone la creación de un registro oficial de ciudadanos voluntarios que actúen como vínculo entre los vecinos y la gestión municipal en materia de residuos y limpieza urbana. El proyecto, que había generado debate durante el año anterior, fue derivado la semana pasada a la Comisión de Asuntos Generales.
Alejandro Aradas, presidente del cuerpo legislativo local, explicó el origen de la propuesta. "Los vecinos han logrado intervenir muchísimas veces y en muchísimos casos que podamos sancionar a personas, a empresas, a camiones, a vehículos que estaban arrojando residuos en la vía pública", señaló. Según el funcionario, el crecimiento de los basurales a cielo abierto por "negligencia de vecinos sucios" fue uno de los detonantes que impulsó la presentación del proyecto.


Un registro con identidad protegida
La iniciativa contempla la habilitación de un padrón de vecinos supervisores que funcione, en primera instancia, en aquellos barrios donde no existan comisiones vecinales activas o agrupaciones organizadas. La idea central es institucionalizar una práctica que, según Aradas, ya ocurre de manera informal: el 95% de las denuncias que recibe el municipio provienen de vecinos que documentan irregularidades a través de fotos y videos compartidos en redes sociales.
En cuanto a la seguridad de quienes participen, el proyecto prevé el resguardo de la identidad del denunciante. "No vamos a salir a publicar el nombre del vecino que denunció, pero sí vamos a tener las pruebas a través de fotos o videos", aclaró Aradas. El funcionario distinguió entre las denuncias anónimas —orientadas a evitar represalias— y aquellas en las que el vecino decide identificarse, advirtiendo que los casos de amenazas o violencia deben canalizarse por vía policial.
Multas y cámaras como herramientas complementarias
El proyecto se enmarca en una estrategia más amplia. El Concejo ya presentó una iniciativa para elevar las sanciones a quienes arrojen residuos en la vía pública, y se trabaja en la instalación de cámaras de vigilancia en avenidas alejadas del microcentro. Aradas mencionó el antecedente de un municipio cordobés que implementó "fotomultas" por arrojo de residuos como modelo posible a replicar.
La efectividad de los registros ciudadanos ya tendría antecedentes concretos en la ciudad. "Un vecino se ve que estaba harto de la mala actitud de otra vecina y lo puso en sus redes sociales", relató Aradas, describiendo un episodio en el barrio Villa Itatí donde la presión colectiva logró modificar la conducta de quienes no respetaban los horarios de recolección.
El desafío legislativo
La aprobación del proyecto no será sencilla. Al modificar el Código Ambiental municipal, la norma requiere ocho votos para ser sancionada, un número que el bloque oficialista no alcanzaría por sí solo. "Va a ser más complejo de aprobar, pero ojalá que lo podamos empezar a aplicar", admitió Aradas, quien se mostró optimista respecto de alcanzar el consenso necesario entre los distintos bloques del cuerpo.
En paralelo, también fue enviada a comisión la ordenanza de erradicación del cobro ilegal por parte de los llamados "trapitos" en zonas con estacionamiento medido, iniciativa que, a diferencia de la anterior, requeriría solo mayoría simple para su aprobación.
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