Trapitos: Aradas pidió un informe urgente al Ejecutivo y rechazó la cooperativa que propone la oposición

El tratamiento de los proyectos sobre los llamados "trapitos" volvió a quedar en suspenso en el Concejo Municipal de Resistencia. El presidente del cuerpo, Alejandro Aradas, confirmó que el tema no se abordará esta semana, dado que la iniciativa regresó a la Comisión de Asuntos Generales luego de que la última sesión se cayera por falta de quórum. "Como no tuvimos quórum y cayó la sesión, volvió a la comisión", explicó en diálogo con N9.

El edil precisó que, antes de avanzar con un despacho, el cuerpo aguarda una respuesta del Departamento Ejecutivo. Solicitó un informe urgente al municipio sobre la situación de los cuidacoches y aclaró que recién con ese material el Concejo tomará una definición. "Estamos esperando que el Ejecutivo devuelva el informe para poder tomar conocimiento y despachar", sostuvo.

Aradas ratificó la posición del oficialismo: insistir con la prohibición de la actividad en la ciudad. Argumentó que el cuerpo tiene atribuciones para hacerlo, del mismo modo en que ya regula otras prácticas. "Tenemos la facultad para prohibir esta actividad, así como hay ordenanzas que prohíben el uso de la pirotecnia o limitan la venta de alcohol hasta determinado horario", comparó.

El fundamento, dijo, son los reclamos que recibe a diario. Los vecinos cuestionan el doble cobro que enfrentan al estacionar en el macro y el microcentro: el del estacionamiento medido que percibe el municipio y el que exigen los cuidacoches en esquinas con bancos, escuelas y alta circulación. "Nos dicen que están podridos de pagar doble estacionamiento: si no le pago a la municipalidad me hacen multa, y si no le pago al cuidacoche, después encuentro el auto rayado o la rueda pinchada", graficó. Calificó ese cobro de "completamente ilegal" y lo describió como una extorsión que se da de manera "tácita".

La diferencia con la oposición es de fondo. Según Aradas, los bloques opositores proponen crear una cooperativa y asignarles determinados sectores de la ciudad, donde los cuidacoches podrían cobrar el estacionamiento con una parte destinada al municipio y otra para ellos. El titular del Concejo rechazó ese esquema: "Para mí eso es institucionalizar algo que no es una actividad ni un oficio". Y resumió su postura: "Prefiero que estén arreglando un aire acondicionado, haciendo una reja o un trabajo de electricidad, antes que sentados arriba de un tacho mirando un auto".

De todos modos, valoró la predisposición a discutir la cuestión en el recinto. "Que cada uno manifieste su posición y después se vote; si no hay consenso, que se vote igual, para darle cuenta a la sociedad de qué pensamos y qué hacemos los concejales", planteó.

El presidente del cuerpo remarcó que el proyecto del oficialismo contempla alternativas para quienes hoy ejercen la actividad. La propuesta incluye contención social y capacitación en oficios a través de las áreas de desarrollo social provinciales y municipales, durante el período que dure la formación. Mencionó que se mantuvieron conversaciones con la Fundación Soy Chaco, dedicada a la capacitación laboral. "Buscamos darles una salida laboral mucho más sustentable", señaló. Como antecedente regional, recordó la gestión de Eduardo Tassano en la Municipalidad de Corrientes, que ofreció reconversión laboral a los carreros mediante cursos y acompañamiento estatal.

Consultado sobre los cuidamotos, Aradas admitió que la actividad surgió, en parte, por una falencia del Estado en materia de seguridad, ante los robos frecuentes de motos en el centro. Por eso planteó que el reordenamiento debe ir acompañado de mayor control y patrullaje policial. "A partir de que se reordene esta actividad, hay que intensificar el control y el patrullaje", afirmó.

El concejal citó además el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde —según indicó— la figura del cuidacoches fue eliminada mediante una reforma legislativa, y mencionó episodios recientes en el distrito porteño: el reclamo para sancionar a quienes organizan a los trapitos y un evento en el que se llegó a cobrar entre 30.000 y 40.000 pesos. En ese marco, advirtió que el debate local quedó atravesado por la proximidad del calendario electoral. "El proceso de discusión también viene teñido de intereses políticos a medida que se acerca el 2027", evaluó.

Por último, expresó su expectativa de que el tema ingrese al recinto la próxima semana. "Ojalá lo podamos tener la semana que viene; vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para llevar adelante este debate", cerró.