La Casa Rosada trabaja en el decreto reglamentario para reducir la litigiosidad

El Gobierno dio por descontada la media sanción de la reforma laboral y comenzó a trabajar en su reglamentación antes de que la norma quede firme. En la Casa Rosada estimaron que el Senado terminará de ratificar el proyecto y proyectaron publicar el decreto reglamentario en el Boletín Oficial durante la primera semana de marzo. El objetivo fue definir con precisión la aplicación práctica de los artículos para reducir posibles conflictos judiciales.

En el Ejecutivo asumieron que la ley enfrentará planteos apenas entre en vigencia. Por ese motivo, equipos técnicos y jurídicos revisaron cada punto con la intención de acotar interpretaciones y disminuir la litigiosidad. En particular, se enfocaron en los aspectos vinculados a la transición, la vigencia y el alcance de la normativa, considerados sensibles en los primeros casos que lleguen a tribunales.

La estrategia oficial incluyó también un rediseño del esquema judicial laboral. El proyecto incorporó la transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y previó la vigencia transitoria del fuero nacional hasta que se concrete el traspaso. Luego, se estableció su progresiva disolución una vez formalizado el acuerdo correspondiente.

Ese movimiento tuvo respaldo normativo con el decreto 95/2026, que delegó en el jefe de Gabinete la facultad de suscribir el acuerdo de transferencia. Desde el oficialismo sostuvieron que esta arquitectura institucional busca reducir la incidencia del fuero laboral nacional en los primeros cuestionamientos contra la reforma, aunque aclararon que el traspaso requiere pasos formales e implementación operativa en la Ciudad.

En paralelo, distintos sectores sindicales anticiparon que impulsarán acciones judiciales para cuestionar artículos de la ley. Las objeciones se centrarían en principios constitucionales vinculados a la protección del trabajo y la no regresividad de derechos. El frente gremial se convirtió así en uno de los focos de tensión en la etapa posterior a la aprobación parlamentaria.

Desde Balcarce 50 señalaron que cuentan con una estrategia judicial y consideraron que el proceso terminará definiéndose en la Corte Suprema. En el oficialismo sostuvieron que la obligación de adecuar fallos a la jurisprudencia del máximo tribunal contribuirá a unificar criterios y limitar medidas cautelares. La reglamentación, en ese contexto, fue concebida como una herramienta técnica para sostener la aplicación de la reforma frente a eventuales disputas en los tribunales.