El Gobierno mantiene la baja de Ganancias pese al reclamo de las provincias

Con el presidente Javier Milei participando del Foro Económico Mundial en Davos, el Gobierno nacional profundiza las negociaciones para avanzar con la reforma laboral en el Congreso. El foco principal está puesto en conseguir los votos necesarios para aprobar el proyecto sin modificar el artículo que propone una baja del Impuesto a las Ganancias para las empresas, a pesar de los reclamos de varias provincias que alertan por el impacto en sus finanzas.

La discusión se concentra en un tributo que es coparticipable y que, según los gobernadores, afecta de manera directa a las arcas provinciales. La iniciativa enviada al Senado plantea cambios en la escala del impuesto a las sociedades, con reducciones en los tramos intermedios y altos. Para los mandatarios provinciales, esa modificación implicaría una menor recaudación en un contexto de caída general de los ingresos y de la coparticipación federal.

Uno de los planteos fue expuesto por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, durante una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la que pidió revisar la medida o analizar algún mecanismo de compensación. Santilli viene encabezando una serie de encuentros con mandatarios de distintas provincias, tanto aliados como críticos, como parte de una estrategia para ordenar el debate antes del inicio de las sesiones extraordinarias de febrero.

El proyecto establece que la baja de Ganancias no se aplicará de forma automática con la sanción de la ley, sino que quedará sujeta a una decisión posterior del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. Esa facultad busca darle margen al Ejecutivo para definir el momento de implementación, en función de la situación fiscal y de las negociaciones políticas en curso.

Dentro del mapa de apoyos, el oficialismo reconoce dos posiciones entre los gobernadores. Por un lado, un grupo que acompaña la reforma laboral pero se niega a respaldar medidas que impliquen un costo fiscal inmediato, como el espacio Provincias Unidas, integrado por Córdoba, Santa Fe, Chubut y Jujuy. Por otro, mandatarios que plantean atenuar el impacto de la baja impositiva, proponiendo una aplicación gradual en más de un año, postura que también comparten sectores del peronismo.

En paralelo, Santilli continuó con su agenda de reuniones en el interior del país. En los últimos días mantuvo encuentros con Rolando Figueroa y con Rogelio Frigerio, este último uno de los dirigentes que manifestó su respaldo a la reducción impositiva. También se sumó el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien expresó públicamente su apoyo a la ley de modernización laboral, fortaleciendo el respaldo político del Ejecutivo.

Desde la Casa Rosada remarcan que la reforma apunta a generar empleo privado, mejorar la productividad y atraer inversiones, y sostienen que ningún gobernador debería oponerse a esos objetivos. Sin embargo, reconocen que seguirán escuchando las distintas posturas para intentar llegar al recinto con el mayor consenso posible, aunque aclaran que no está en análisis modificar el artículo referido a Ganancias.

El debate técnico ya comenzó en el Senado con la conformación de una comisión específica, impulsada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mientras se acumulan más de dos mil pedidos de audiencia de distintos sectores interesados en opinar sobre el proyecto.

En paralelo a las discusiones políticas, el sindicalismo volvió a expresar su rechazo a la iniciativa. El titular de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, convocó a otros gremios para evaluar un paro con movilización contra la reforma laboral. La medida, sin embargo, no cuenta con el respaldo de la CGT ni de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, lo que refleja la falta de una postura unificada en el frente sindical.