"Lo que hay son trascendidos", advirtió el abogado Sánchez de la Vega

De cara al recambio del Congreso, el Gobierno intenta aprovechar la nueva configuración legislativa para avanzar con reformas laboral y tributaria, entre otras. En ese marco, el abogado laboralista Diego Sánchez de la Vega analizó el escenario actual y pidió cautela ante la falta de un texto oficial. "Lo que hay son trascendidos", planteó, al remarcar que el Ejecutivo aún no envió una propuesta formal para su tratamiento legislativo.

En diálogo con Radio Nordeste, el especialista sostuvo que, pese a esa ausencia, ya circulan borradores y líneas generales vinculadas a iniciativas que no lograron aprobarse durante el año previo. Señaló que las versiones retoman puntos del proyecto presentado por la diputada Romina Diez y también aspectos del DNU 70/23. Según explicó, "buscan incorporar libertades con una mirada federal, pero en la práctica restringen demasiados derechos laborales adquiridos durante décadas".

Sánchez de la Vega advirtió que varias de las modificaciones ensayadas en ese DNU no lograron mejorar los indicadores del mercado laboral. "No han logrado modificar el índice de desocupación ni fomentar la regularización", afirmó. También remarcó que la eliminación de los incrementos indemnizatorios generó un efecto contrario al buscado. A su criterio, "se abrió un abanico de reclamos inconmensurable", ya que la justicia comenzó a aplicar el derecho común en casos de contratos irregulares, lo que expone a las empresas —especialmente pymes— a demandas con montos imprevisibles.

Durante la entrevista, el abogado explicó que una actualización del régimen laboral debería contemplar nuevos modelos de trabajo, como plataformas, servicios autónomos y modalidades híbridas. Sin embargo, insistió en que la informalidad actual no se revertirá únicamente con cambios en el régimen laboral. "Reducir el IVA al 50% generaría un aumento real del 15% en el salario", opinó, al sugerir que una reforma tributaria tendría un impacto más directo en el poder adquisitivo.

Otro punto que observó con preocupación fue la posibilidad de introducir fondos de "mochila" para la indemnización. "Eso reduce la indemnización en casi un 30%", señaló, al tiempo que cuestionó la falta de claridad sobre el manejo, control y actualización de esos fondos en un contexto económico volátil. También criticó la propuesta de parcializar indemnizaciones en cuotas, al recordar que el Código Procesal chaqueño ya contempla un mecanismo similar en casos de sentencias.

El abogado remarcó además que el proyecto, según las versiones preliminares, podría debilitar la negociación colectiva. "Buscan atomizar los acuerdos por empresa. Es más fácil negociar con una persona que con un colectivo organizado", dijo. Aseguró que esta tendencia afectaría el rol de los sindicatos, pese a que consideró necesario discutir su modernización interna. "Se pierde protección frente al despido y se reduce la base salarial. No es la manera", afirmó.

Sánchez de la Vega concluyó que cualquier reforma deberá respetar los límites constitucionales y los convenios internacionales. De lo contrario, adelantó que muchos artículos podrían ser declarados nulos. Subrayó que el debate recién comienza y que será necesario esperar el proyecto definitivo para evaluar su alcance real. "Estamos hablando sobre trascendidos; el día que se conozca el texto habrá que analizarlo punto por punto", cerró.