La Justicia determinó que ANDIS debe devolver los haberes retenidos y reactivar los beneficios

La Justicia federal de Catamarca dispuso que la Agencia Nacional de Discapacidad restablezca todas las pensiones no contributivas que habían sido suspendidas sin un procedimiento formal. La decisión, emitida por el Juzgado Federal N.º 2, alcanzó a titulares de todo el país y se dictó en el marco de una acción de amparo colectivo iniciada por organizaciones de personas con discapacidad, beneficiarios afectados y el Defensor del Pueblo provincial.

El expediente analizó la validez de las auditorías médicas aplicadas desde el edicto 19.437/25, luego de que numerosos titulares detectaran la baja de sus beneficios al ver interrumpido el pago mensual o recibir avisos escuetos, redactados con terminología técnica y sin posibilidad de ejercer un derecho de defensa real. Para los demandantes, esa modalidad configuró un accionar irregular que afectó prestaciones esenciales para un sector vulnerable.

En su defensa, el organismo sostuvo que actuó dentro de las facultades previstas por los decretos 698/2017 y 843/2024, y que las interrupciones se basaron en la falta de acreditación de requisitos médicos. Sin embargo, el Tribunal observó que la propia ANDIS no presentó actos administrativos individuales que justificaran cada suspensión. Esa ausencia fue interpretada como una vía de hecho: una actuación material sin sustento legal que interrumpió un beneficio integrado al patrimonio de los titulares.

El juez subrayó que cualquier suspensión de este tipo debe realizarse mediante un procedimiento regular, con motivación suficiente y respeto del debido proceso, especialmente cuando se trata de prestaciones ligadas a la salud y la subsistencia. Además, caracterizó la pretensión como colectiva bajo los criterios de la doctrina Halabi, al verificar que la baja masiva de las pensiones respondió a un mismo esquema operativo y generó una situación homogénea entre los afectados.

El fallo también abordó el cuestionamiento al Decreto 843/24, que reinstalaba condiciones más estrictas para acceder a las pensiones. El Tribunal entendió que este planteo perdió actualidad tras la sanción de la Ley 27.793, que modificó todo el régimen y dejó sin efecto las exigencias objetadas. Con esa aclaración, avanzó en la resolución del fondo del amparo.

Como medida final, el Juzgado ordenó restablecer de inmediato todas las pensiones retenidas o dadas de baja sin acto administrativo y vinculadas a ese esquema de auditorías. Además, dispuso que se paguen los haberes adeudados en un plazo de 24 horas, obligación que se considerará cumplida únicamente respecto de quienes ya hubieran cobrado esos montos por la cautelar vigente.