Avanza el peritaje de los audios y la fiscalía pide una muestra de voz a Spagnuolo
La Gendarmería Nacional analizará si las grabaciones que destaparon el caso son auténticas o fueron manipuladas con inteligencia artificial. Las defensas buscan anular la investigación al cuestionar el origen de las escuchas.

El juez federal Ariel Lijo ordenó el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), grabaciones que dispararon la denuncia por presuntas coimas en el organismo. El estudio quedará en manos de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, con la participación de un área especializada del Ministerio Público.
El fiscal Franco Picardi presentó seis puntos de pericia y le pidió al juez que se cite a Spagnuolo para tomarle una muestra de voz que sirva como material de comparación con las grabaciones. El planteo busca determinar si quien aparece relatando las maniobras de corrupción en el organismo es efectivamente el exfuncionario, y además descartar que los audios hayan sido fabricados con inteligencia artificial o editados. El análisis abarcará características acústicas, técnicas y la integridad del archivo.


Las defensas de Spagnuolo, del lobista Miguel Ángel Calvete y de la droguería Suizo Argentina ya designaron peritos de parte y apuestan a una estrategia común: sostienen que los audios son el origen ilegal de la causa y que, por aplicación de la doctrina del "fruto del árbol envenenado", toda la investigación debería caerse. Picardi rechaza esa lectura y asegura tener pruebas independientes y anteriores a las escuchas, al punto de no haberlas utilizado al momento de pedir los procesamientos. La discusión también llegó a la Cámara Federal porteña, que había ordenado peritar las grabaciones para establecer su origen y veracidad antes de resolver el fondo.
Mientras se define la legalidad del expediente, la causa sigue su curso. A fines de abril arrancó una segunda tanda de indagatorias en la que Spagnuolo, Calvete, exfuncionarios y empresarios optaron por no declarar, y hay nuevas citaciones programadas para todo mayo. La acusación principal apunta a una asociación ilícita que habría direccionado contrataciones de medicamentos e insumos del Programa Federal Incluir Salud hacia droguerías afines, a través del sistema informático SIIPFIS implementado en ANDIS en junio de 2024, con beneficios millonarios para los involucrados y entrega de dádivas a funcionarios.
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