El Gobierno prorrogó la emergencia sanitaria y concentró en Salud las políticas de discapacidad

El Gobierno nacional resolvió extender la emergencia sanitaria y prorrogar el congelamiento de las contribuciones patronales para las escuelas privadas hasta el 31 de diciembre de 2026, al tiempo que avanzó en una reestructuración del área de discapacidad con la creación de una nueva secretaría dentro del Ministerio de Salud. Las medidas quedaron oficializadas a través de decretos publicados en el Boletín Oficial, luego de que vencieran los plazos que regían hasta fines de 2025.

En el caso de la emergencia sanitaria, la normativa no solo prolongó su vigencia, sino que introdujo cambios en las funciones del Ministerio de Salud. A partir de este año, la cartera sanitaria quedó habilitada a colaborar de manera formal con el Ministerio de Seguridad Nacional en tareas vinculadas al análisis de evidencia sanitaria, toxicológica y epidemiológica sobre productos sujetos a fiscalización. El objetivo es reforzar las acciones de prevención y control del uso de sustancias químicas y aportar información técnica en estrategias intersectoriales destinadas a la lucha contra el narcotráfico, mediante el intercambio de datos y la coordinación operativa entre organismos.

La decisión también redefinió competencias dentro del esquema ministerial. El decreto modificó un artículo de la Ley de Ministerios y asignó al Ministerio de Salud la responsabilidad exclusiva sobre el diseño y la ejecución de políticas públicas en materia de discapacidad y rehabilitación integral. Esto incluye la conducción de los procesos de otorgamiento y control de pensiones por invalidez y otras prestaciones asociadas, funciones que hasta ahora estaban bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad.

En ese marco, el Gobierno confirmó la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que absorberá todos los compromisos, recursos y atribuciones del organismo que fue disuelto. La nueva estructura dependerá directamente del Ministerio de Salud y concentrará la gestión administrativa y técnica de las políticas vinculadas al sector, en un intento de centralizar decisiones y reorganizar el sistema.

Por otro lado, la prórroga del congelamiento de las contribuciones patronales para las escuelas privadas fue justificada como una medida para evitar un mayor impacto fiscal en las provincias y en las economías familiares. Desde el Ejecutivo explicaron que un aumento en esas cargas habría incrementado los fondos que deben destinar los gobiernos provinciales a los establecimientos educativos de gestión privada que reciben subsidios estatales, ya que dichos aportes no solo cubren salarios docentes sino también las contribuciones asociadas.

La extensión del beneficio también alcanzará a los colegios que no perciben aportes del Estado, con el argumento de que una suba de las contribuciones se trasladaría directamente a las cuotas que pagan las familias. De este modo, el Gobierno busca contener incrementos en los costos educativos y evitar efectos regresivos, especialmente en provincias alejadas de los grandes centros urbanos, donde el peso de los salarios y las cargas sociales representa el principal costo operativo de estas instituciones.