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Miércoles 11 de Noviembre, 2026
POLÍTICA

Emergencia en discapacidad: la Justicia intimó al Gobierno a poner en vigencia la ley

La medida judicial obliga al Ejecutivo Nacional a poner en vigencia la ley a partir del 4 de febrero y reaviva el reclamo de familias y prestadores.

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A media mañana, en plena feria judicial, una resolución alteró la inercia de un sector que viene esperando definiciones desde hace tiempo. La Justicia intimó al Ejecutivo Nacional a poner en vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad a partir del 4 de febrero, una medida que vuelve a poner en primer plano la situación de las familias, los centros terapéuticos y las pensiones vinculadas al sistema.


Desde la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Germán Rearte, integrante de la Mesa por la Inclusión, destacó el alcance del fallo y remarcó la urgencia del escenario actual. "Hay muchas familias que necesitan volver a tener a sus chicos en sus terapias, en sus centros educativos", sostuvo, al referirse a una emergencia que, según señaló, "no puede esperar más" y que arrastra problemas estructurales desde hace al menos dos años.


Rearte también advirtió sobre la baja de pensiones registrada en los últimos años sin estudios previos adecuados. En ese sentido, cuestionó la forma en que se tomaron algunas decisiones y planteó que "se han visto muchas bajas de pensiones que carecen de un relevamiento serio", lo que profundizó la vulnerabilidad de las personas con discapacidad y sus entornos familiares. A su vez, valoró la intervención judicial y consideró que el dictamen "es algo para rescatar", al obligar al Gobierno Nacional a avanzar con la aplicación de la ley.


En relación con la situación de los centros terapéuticos y educativos, explicó que atraviesan dificultades similares a las que se observan en otras provincias. "Hoy muchos centros están recibiendo chicos de obras sociales o prestadores que están cinco o seis meses atrasados, con valores muy desfasados", indicó, y subrayó la necesidad de actualizar los nomencladores y acelerar los plazos administrativos. Para Rearte, el impacto presupuestario de la medida no sería determinante y expresó su expectativa de que el Ejecutivo acate la orden judicial: "Espero que el 4 de febrero estemos diciendo que todo se reactiva de manera normal y que podamos mirar hacia adelante a un sector que venía muy golpeado".

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