Ayer el Gobierno logró obtener el dictamen de mayoría para la Ley Ómnibus en el plenario de comisiones. Sin embargo, la falta de consenso se hizo evidente cuando sectores del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal acompañaron con disidencias parciales. Este desacuerdo llevó a la postergación de la sesión para la próxima semana.
A pesar de haber sumado 55 firmas de los 115 miembros del plenario, la disidencia, incluso dentro de sus aliados cercanos, como el PRO, plantea un desafío para el oficialismo. La principal disputa gira en torno a las retenciones, siendo el aumento propuesto del 15% a las exportaciones industriales y a los derivados de soja, trigo y maíz el foco de tensiones.
La oposición dialoguista, junto con sectores del PRO, exige la eliminación total de cualquier aumento de retenciones y presiona al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, para que encuentre otras fuentes de ingresos que no afecten a la economía regional. Entre las propuestas se encuentra la supresión o modificación del régimen de promoción y beneficios fiscales de Tierra del Fuego.
Otro punto de discordia es la actualización de las jubilaciones. Aunque los libertarios modificaron su plan original, la oposición sigue demandando compensaciones adicionales para evitar perjuicios a los jubilados. Además, se plantea la posibilidad de eliminar las facultades delegadas, lo que genera resistencia en la UCR y la Coalición Cívica.
El oficialismo tiene hasta el martes de la semana que viene para alcanzar un acuerdo sobre los principales puntos que aún quedan en discordia:
- Retenciones: Las retenciones siguen siendo un foco de conflicto. Aunque el Gobierno propuso eliminar el aumento al 15% para todas las economías regionales, la oposición busca evitar cualquier aumento de retenciones. Se presiona al ministro de Economía para que compense los recursos perdidos explorando otros gastos tributarios.
- Régimen de Tierra del Fuego: La Coalición Cívica propone suprimir o modificar el régimen de promoción y beneficios fiscales de Tierra del Fuego, estimando que le cuesta al Estado USD 1.000 millones al año. Esto incluiría la eliminación del ‘crédito fiscal presunto’ de IVA y la eliminación de aranceles a la importación de celulares y notebooks.
- Exclusión de YPF de la Privatización: En un intento de alcanzar consensos, se acordó excluir a YPF del listado de empresas estatales que pueden ser privatizadas. Sin embargo, persisten resistencias en el radicalismo y el bloque de Pichetto respecto a la venta de otras empresas estatales.
- Facultades Delegadas y Emergencias: La Coalición Cívica busca eliminar completamente las facultades delegadas, mientras que la UCR quiere restringir la cantidad de áreas en las que se declara la emergencia y acotar el margen de acción del Poder Ejecutivo en las áreas donde sí se delegan facultades. La falta de consenso en este punto es un desafío para el Gobierno tanto político como económico en su plan de alcanzar el déficit cero.
