"Quien quema, después vende": la crítica de Capitanich a la ley de propiedad privada que avanzó en el Senado

El senador nacional Jorge Capitanich fue el único de los tres representantes de Chaco en el Senado que votó en contra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el oficialismo consiguió aprobar en general en la madrugada de este viernes. A través de un hilo publicado en la red social X, el legislador explicó artículo por artículo los motivos de su rechazo y celebró la caída de dos de los capítulos más resistidos del proyecto original.

La iniciativa impulsada por el Gobierno obtuvo media sanción con 37 votos a favor y 33 en contra, tras una sesión que se extendió por más de once horas y estuvo marcada por manifestaciones frente al Congreso. Los otros dos senadores chaqueños, Silvana Schneider y Juan Cruz Godoy, acompañaron con su voto al oficialismo, mientras que Capitanich fue el único de la delegación provincial en rechazar el proyecto.

"Siendo la 01:40 ha terminado la votación", escribió el legislador apenas se conoció el resultado, y precisó que desde el bloque Justicialista votaron en contra. En el mismo mensaje vinculó la caída de dos capítulos del proyecto a la presión social y al trabajo de la oposición: "el Gobierno tuvo que retroceder porque no consiguió los votos", sostuvo, y agregó que "cuando el pueblo se organiza y el Congreso cumple su rol, la soberanía no se entrega".

Sobre el capítulo de expropiaciones, cuestionó que la "interpretación restrictiva" que incorpora el proyecto no tiene antecedentes en el ordenamiento jurídico argentino. Según explicó, la iniciativa le quita carácter vinculante al Tribunal de Tasaciones y suma un lucro cesante con un tope arbitrario del 30%, algo que -a su criterio- no protege a la persona expropiada y encarece la obra pública estratégica.

En materia de regularización dominial, señaló que el proyecto original llevaba de tres a diez años el plazo previsto en la Ley 24.374 sin modificar su artículo 8°, lo que en la práctica implicaba que el título de propiedad recién se obtendría a los 20 años. Sobre los desalojos, marcó una distinción entre quien usurpa una vivienda y una familia inquilina que se atrasa con el pago por dificultades económicas: para el primer caso propuso un plazo de cinco días, y para el segundo, de hasta 180 días con intimación previa.

El tramo más extenso del hilo estuvo dedicado a la Ley de Manejo del Fuego, uno de los dos capítulos que el oficialismo terminó retirando antes de la votación en general. Capitanich remarcó que la normativa vigente prohíbe lotear tierra quemada durante 60 años en bosques nativos, humedales y áreas protegidas, y por 30 años en campos y pastizales, y sostuvo que el proyecto original vaciaba el artículo 22 bis y derogaba el 22 quáter, además de sumar -según denunció- un nuevo artículo 22 ter "agregado sin aviso" el mismo día de la sesión. "Quien quema, después vende, después construye inmuebles", resumió para graficar el objetivo que le atribuyó a la reforma.

Respecto del capítulo sobre tierras rurales, que tampoco llegó a debatirse en el recinto tras ser retirado el miércoles por falta de votos, el senador sostuvo que no se trató de una concesión del Gobierno, sino el resultado de la movilización popular, del rechazo de varios gobernadores y del trabajo de su bloque. "La soberanía sobre nuestra tierra no se negocia", cerró ese tramo del hilo, y remarcó que de esta manera sigue vigente la Ley 26.737, que regula la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Capitanich también celebró que quedara afuera del proyecto el capítulo que afectaba al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en línea con lo que había planteado en su dictamen de minoría. Citó los datos del propio registro, que releva 6.467 barrios populares, 1,2 millones de familias y 5 millones de personas sin título de propiedad, y sostuvo que ese es "el verdadero problema" de la propiedad en la Argentina.

El senador adelantó que el debate continuará ahora en la Cámara de Diputados, a la que el proyecto fue girado tras la media sanción. Dijo que su bloque insistirá con el dictamen de minoría que impulsan, que contempla una emergencia dominial urbana y rural, un plazo de tres años, un procedimiento digital y sumarísimo, y desalojos "con criterio de justicia". "La tierra no es una mercancía cualquiera: es la base del desarrollo, la producción y la soberanía", concluyó.