La calle rechaza una ley que podría dejar inquilinos sin hogar en 72 horas

Organizaciones sindicales, sociales, ambientales, indígenas y de inquilinos se movilizan este jueves 6 de agosto en distintos puntos del país contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Aunque la presión social y la falta de votos obligaron al oficialismo a retirar el capítulo que facilitaba la extranjerización de tierras rurales, la iniciativa todavía conserva disposiciones gravemente cuestionadas, especialmente aquellas que aceleran los desalojos y reducen la protección de terrenos afectados por incendios.

Uno de los puntos más rechazados es la creación de un mecanismo de desalojo exprés. De acuerdo con las organizaciones de inquilinos, el proyecto acorta los plazos judiciales, limita las instancias de mediación y debilita las posibilidades de defensa de las familias ante una denuncia del propietario. Los sectores convocantes advierten que, bajo determinadas condiciones, una orden de lanzamiento podría ejecutarse en apenas 72 horas, una amenaza especialmente grave en un país donde millones de personas alquilan, numerosas familias mantienen deudas y el acceso a una vivienda propia resulta cada vez más lejano.

La movilización nacional tiene una fuerte expresión en el Nordeste. En Corrientes, organizaciones ambientales, sociales y vecinos autoconvocados concentran desde las 16 en la Plaza 25 de Mayo, mientras que en Resistencia la protesta se realiza en la plaza ubicada frente a Casa de Gobierno. Las convocatorias forman parte de una jornada federal que también tiene su epicentro frente al Congreso de la Nación, bajo la consigna "La patria no se vende, no se quema ni se desaloja". En ambas provincias, el reclamo reúne la defensa de los inquilinos con la protección de pequeños productores, comunidades originarias, humedales, bosques y fuentes de agua dulce.

El rechazo también alcanza a la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, porque el texto reduce las restricciones para cambiar el uso de tierras arrasadas por incendios. Las organizaciones ambientales advierten que esa modificación puede convertir el fuego en una herramienta para liberar terrenos destinados luego a negocios inmobiliarios, forestales o agropecuarios. El retiro del capítulo de extranjerización fue una derrota política para Milei y una victoria de la presión popular, pero no elimina el peligro del resto de la norma. Por eso, las marchas continúan: impedir que una familia sea desalojada en tiempo récord y evitar que un territorio quemado quede disponible para la especulación forman parte de una misma defensa de los derechos sociales, ambientales y territoriales.