Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula para llevar la causa Vialidad a la ONU

Cristina Fernández de Kirchner contrató al jurista brasileño Rafael Valim, quien integró la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva en la causa Lava Jato, para sumarlo a su equipo jurídico internacional. El objetivo es presentar un reclamo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la condena que la expresidenta cumple en la causa Vialidad.

La incorporación de Valim se suma a la del jurista español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y a la de Carlos Beraldi, defensor histórico de la exmandataria en la Argentina. Los tres expondrán este miércoles, a las 11, en una conferencia de prensa en el NH Hotel de la Ciudad de Buenos Aires los detalles de la presentación, que consiste en una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Kirchner, quien cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la obra pública vial de Santa Cruz —sentencia que quedó firme en junio de 2025 tras la intervención de la Corte Suprema—, anunció la incorporación de Valim en una columna publicada en distintos medios internacionales, entre ellos el diario español El País, bajo el título "Yo Cristina, en defensa de los derechos fundamentales y de la democracia".

En el texto, la expresidenta volvió a cuestionar al Poder Judicial argentino y habló de "persecución y proscripción" en relación con su condena. Sostuvo que fue sometida a un proceso marcado por arbitrariedades incompatibles con el debido proceso legal y mencionó el atentado que sufrió el 1° de septiembre de 2022 frente a su domicilio de Recoleta, cuando era vicepresidenta, como parte de lo que definió como una situación de violencia política que puso en riesgo su vida.

La exmandataria, que cumple arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución, reiteró que se considera inocente y reclamó un juicio imparcial e independiente, compatible con las garantías internacionales asumidas por el Estado argentino a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.