Revés judicial para Cristina y Máximo Kirchner: Hotesur y Los Sauces se juzgarán juntas
La decisión fortalece la hipótesis fiscal de que la hotelera y la inmobiliaria de la familia Kirchner integraron un mismo circuito para recibir dinero de contratistas del Estado.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que las causas Hotesur y Los Sauces se juzguen en un único debate oral, que comenzará este viernes 23 de octubre ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5). Con esa decisión, el máximo tribunal penal del país revocó el desdoblamiento que había dispuesto el TOF 5 y complicó la estrategia de defensa de la expresidenta Cristina Kirchner y de su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.
El fallo de la Sala I salió por mayoría. Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña hicieron lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera (UIF), y consideraron que la resolución que separaba los juicios no estaba debidamente fundamentada. Alejandro Slokar votó en disidencia: sostuvo que la separación no era una sentencia definitiva y que Casación no debía intervenir sobre la organización interna del tribunal de juicio.
A mediados de septiembre, el TOF 5 había fijado el inicio del juicio por Los Sauces para este viernes y había postergado el de Hotesur hasta el 19 de marzo de 2027, porque en ese expediente seguía pendiente una pericia contable sobre documentación financiera. La UIF había propuesto como alternativa un juicio único por etapas: primero la prueba de Los Sauces, después la común a ambas causas y por último la de Hotesur.
El fiscal general ante Casación, Mario Villar, pidió revocar la separación con el argumento de que los dos expedientes forman parte de una misma hipótesis acusatoria. Según planteó, se trata de una misma maniobra de lavado de dinero, "sólo que con dos empresas diferentes pero de la misma familia". También recordó que las causas tienen 16 imputados en común.
Otro de los argumentos fue el riesgo de la cosa juzgada. El fiscal Diego Velasco advirtió que lo que se resolviera de manera definitiva en un expediente podía condicionar la posibilidad de juzgar los mismos hechos en el otro. Con dos juicios separados, una eventual absolución en uno podía ser invocada por las defensas en el segundo.
Qué cambia para los acusados
Para Cristina Kirchner, la unificación llega con una condena firme a seis años de prisión en la causa Vialidad y mientras atraviesa el juicio por los Cuadernos de las Coimas. Si fuera condenada en ambos procesos, acumularía tres sentencias por hechos de corrupción vinculados con sus gobiernos.
En el caso de Máximo Kirchner, el impacto también es político. El diputado deberá afrontar el debate en la antesala de la campaña de 2027, cuando vence su mandato. Los fueros parlamentarios no impiden que sea juzgado ni que eventualmente sea condenado; su alcance se limita principalmente a una posible detención.
La hipótesis de la acusación
Hotesur es la sociedad propietaria de los hoteles de la familia y Los Sauces, la inmobiliaria. Para los fiscales, ambas habrían sido utilizadas para recibir fondos de empresarios beneficiados con contratos estatales, entre ellos Lázaro Báez y el Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa, a través de alquileres que encubrirían retornos de dinero.
Según la investigación, los contratistas del Estado representaron el 86 por ciento de la facturación de Los Sauces. La inmobiliaria no tenía sede comercial propia y mantuvo prácticamente la misma cantidad de inmuebles desde su creación, pero recibió pagos millonarios. Solo Báez habría abonado unos 70 millones de pesos, a valores históricos, en concepto de alquileres.
En Hotesur, la maniobra habría comenzado en 2008, cuando Néstor Kirchner adquirió la sociedad propietaria del hotel Alto Calafate por unos 8 millones de dólares, con la ayuda de un préstamo de Báez. La acusación vincula esa compra con el direccionamiento de medio centenar de obras viales en Santa Cruz a favor de las empresas del empresario, el núcleo de la causa Vialidad. Para los fiscales, aquella defraudación al Estado sería el delito previo del presunto lavado.
Una pieza central de ese esquema habría sido Valle Mitre, una firma ligada a Báez que administró los hoteles familiares sin antecedentes en el rubro y que los investigadores calificaron como una sociedad pantalla. El dictamen también cuestiona que trabajadores de Austral Construcciones figuraran alojados en hoteles situados a 500 o 700 kilómetros de las obras donde estaban destinados.
Una pericia sobre el destino de los fondos concluyó que el 67,64 por ciento del dinero analizado terminó en cuentas de la familia Kirchner. Los peritos detectaron además irregularidades en los libros societarios de Hotesur: tachaduras, folios anulados, actas sin firmas y modificaciones hechas con líquido corrector, una de ellas sobre registros de la participación accionaria de la expresidenta.
La defensa de Cristina Kirchner sostiene que todas las operaciones fueron facturadas, declaradas y bancarizadas. Los fiscales respondieron que esa formalidad no prueba por sí sola que los negocios hayan sido legítimos.
Además de la expresidenta y su hijo, entre los acusados figuran Báez, López, el contador Víctor Manzanares, el administrador de los hoteles Osvaldo Sanfelice y Romina Mercado, presidenta de Hotesur. La unificación no anticipa una condena, pero permitirá que un mismo tribunal analice en conjunto si los alquileres, los contratos hoteleros y las operaciones inmobiliarias fueron negocios lícitos o etapas de un mecanismo para incorporar fondos ilícitos al patrimonio familiar.
