Según la UIF, el 88% de lo que facturó Los Sauces sirvió para lavar dinero

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces avanzó esta semana en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) con la lectura de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF). El organismo, que actúa como querellante, sostiene que el 88% de la facturación de Los Sauces sirvió para lavar dinero de la corrupción en la obra pública.

El requerimiento le atribuye roles precisos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner. Según la querella, ambos participaron de un mecanismo para reciclar fondos provenientes de contratos públicos y de beneficios impositivos otorgados a los grupos empresarios de Lázaro Báez y de Indalo.

La expresidenta, en la cima de la estructura

La UIF ubica a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita que habría funcionado entre mayo de 2003 y diciembre de 2016. Según la acusación, entre enero de 2009 y marzo de 2016 planificó y coordinó un sistema de lavado de dinero a través de la inmobiliaria. El objetivo habría sido darle apariencia legal a las sumas que transferían Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Valle Mitre, Álcalis de la Patagonia, Inversora M&S e Idea.

La reconstrucción empieza el 7 de noviembre de 2006. Ese día la entonces senadora constituyó Los Sauces junto con Néstor Kirchner y su hijo Máximo. El objeto social eran las actividades inmobiliarias, hoteleras y turísticas, y ella quedó como directora suplente.

En noviembre de 2008, el matrimonio hizo aportes de capital por $2.204.400. Con ese dinero, la sociedad compró un departamento de 426 metros cuadrados en el complejo Madero Center, en Puerto Madero. Después lo alquiló a Inversora M&S y a Álcalis de la Patagonia.

Días más tarde, Cristina Kirchner cedió a la firma un terreno en la calle Alvear de Río Gallegos. Según la UIF, mientras se hacía ese traspaso, la constructora Loscalzo y Del Curto, de Báez, levantaba allí un complejo de cuatro departamentos. Luego lo alquiló Kank y Costilla, del mismo grupo.

Compras por debajo del valor de mercado

La acusación enumera otras propiedades que la inmobiliaria sumó a su patrimonio:

• Un dúplex con cinco cocheras en Madero Center, también alquilado a Inversora M&S.
• Un lote de más de 18.000 metros cuadrados en El Calafate. Se compró a la municipalidad por $136.149, cuando la tasación oficial era de $445.000.
• El hotel La Aldea del Chaltén, pagado $200.000. Según la querella, su valor de mercado era de $2.890.000. Luego se arrendó a Valle Mitre y a Idea.

Para la UIF, la expresidenta también usó como residencia personal un inmueble de la sociedad en Río Gallegos sin pagar alquiler. Además, el organismo sostiene que Austral Construcciones transfirió en forma gratuita a Los Sauces un terreno de 1.250 metros cuadrados en esa ciudad. Según la querella, esa entrega se encubrió con una compraventa simulada por 97.000 dólares.

En el período investigado, la inmobiliaria recibió unos $6,8 millones de las empresas de Báez, más de $18,5 millones del grupo Indalo y unos $561.000 de Idea. Esos ingresos suman cerca de $26 millones y representaron el 88% de lo que facturó la firma. La querella afirma que la expresidenta aprobó los balances, convalidó las compras, designó a los directivos y retiró fondos para su beneficio personal.

Máximo, el organizador

Al diputado nacional, la UIF le atribuye el rol de organizador de la asociación ilícita. Lo señala como el principal operador de los negocios privados de la familia. Desde 2006 presidió el directorio y tuvo la representación legal de Los Sauces.

Según la acusación, firmó los cheques para reservar y comprar las propiedades de Madero Center. También gestionó la compra del terreno lindero al hotel familiar en El Calafate y aprobó la adquisición del hotel de El Chaltén. En una de las operaciones de Río Gallegos, sostiene la querella, representó al mismo tiempo a las tres partes: a la empresa compradora y a sus padres, como apoderado.

La UIF también lo ubica junto a Martín Báez, hijo de Lázaro, en la firma de la compraventa simulada del terreno de 1.250 metros cuadrados. Además, le atribuye la firma de contratos de alquiler simulados con las empresas contratistas, el depósito de los cheques de los grupos Báez e Indalo y retiros constantes de efectivo. Esos retiros figuraban como devolución de créditos y honorarios de dirección.

Florencia, fuera del banquillo

La acusación también menciona a Florencia Kirchner, aunque ella no está siendo juzgada. Fue sobreseída y esa decisión quedó firme. Al momento de crearse Los Sauces era menor de edad y no participó de la constitución de la sociedad. Su vínculo con la firma empezó tras la muerte de su padre, en octubre de 2010, cuando heredó parte de las acciones.

Para la querella, cada acusado cumplió un papel coordinado con los demás y eso permitió sostener durante más de doce años lo que definió como "un esquema de corrupción sin precedentes".

Cuando termine la lectura de la acusación por Los Sauces, el TOF 5 dará paso a los cargos por Hotesur. Recién después, los acusados serán citados a Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en forma presencial.