La Justicia ordenó peritar el celular del contratista que refaccionó su casa

La Justicia federal ordenó peritar el celular de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá. La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y gastos millonarios vinculados al funcionario nacional.

El peritaje estará orientado a recuperar registros de llamadas, mensajes y archivos que puedan aportar información sobre las comunicaciones entre Tabar y Adorni, incluyendo posibles mensajes temporales de WhatsApp o contenido eliminado. El dispositivo fue entregado para su análisis técnico, luego de que el contratista declarara bajo juramento y dejara voluntariamente el teléfono y su clave a disposición de la investigación.

Según la declaración incorporada al expediente, Tabar afirmó haber realizado obras por alrededor de 245 mil dólares en la propiedad de Adorni, con pagos efectuados en efectivo, en dólares y sin factura. El constructor detalló que la obra comenzó con un presupuesto sensiblemente menor, pero que luego se sumaron múltiples adicionales, entre ellos trabajos de carpintería, pileta, parrilla, iluminación, aires acondicionados, parquización, cocina y otras mejoras en la vivienda.

Uno de los puntos más sensibles para la investigación es que el contratista sostuvo que, antes de presentarse en Comodoro Py, habría recibido contactos de Adorni a través de WhatsApp, con comunicaciones efímeras. Según su testimonio, el funcionario le habría ofrecido orientación o la posibilidad de que su equipo lo contactara antes de declarar. Tabar aseguró que finalmente descartó esa alternativa para evitar que pareciera una coordinación de versiones frente a la Justicia.

La decisión de avanzar con el peritaje profundiza el frente judicial y político que atraviesa el Gobierno nacional. Mientras desde la Casa Rosada intentan relativizar el caso y sostener públicamente al jefe de Gabinete, la investigación incorpora elementos que ponen bajo la lupa no solo el origen de los fondos, sino también una posible interferencia sobre un testigo clave. En paralelo, el fiscal Pollicita rechazó el pedido de detención presentado por la diputada Marcela Pagano, aunque la causa continúa sumando medidas de prueba.

El caso vuelve a dejar al oficialismo en una posición incómoda: mientras el Gobierno reclama transparencia y austeridad como bandera política, uno de sus funcionarios más visibles enfrenta una investigación por gastos en dólares, pagos sin comprobantes y presuntos contactos previos con un testigo. Ahora, el resultado del peritaje del celular de Tabar podría ser determinante para establecer qué comunicaciones existieron y si hubo intentos de condicionar el avance del expediente.