Para el fiscal, no hay pruebas de que Adorni se haya enriquecido en la función pública

El fiscal federal Gerardo Pollicita concluyó que no hay elementos suficientes para sostener que Manuel Adorni se enriqueció de forma ilícita durante su paso por el Gobierno nacional. En un dictamen presentado ante el juez Ariel Lijo, pidió que la causa contra el ex jefe de Gabinete deje de tramitar en el fuero federal y sea enviada a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, para investigar una posible evasión tributaria.

El planteo no equivale a un sobreseimiento. Para la Fiscalía, la prueba reunida no alcanza para afirmar que el patrimonio de Adorni creció de manera injustificada mientras ejercía la función pública. Aun así, persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales habrían quedado fuera de las declaraciones fiscales durante años.

La causa se inició con una denuncia de la diputada Marcela Pagano. La investigación analizó el patrimonio de Adorni entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. En ese período, los investigadores detectaron gastos por USD 402.578, de los cuales USD 374.081 se pagaron en efectivo. También hallaron una diferencia superior a $43 millones entre los ingresos comprobados y las erogaciones.

Entre esos pagos figuraban la casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y sus reformas. También se incluyeron el departamento de Caballito, viajes, alquileres temporarios, expensas y cuotas escolares. Según el dictamen, una parte de esas operaciones se hizo fuera del sistema bancario o a través de terceros.

El origen de los fondos según la defensa

Adorni explicó su patrimonio con una inversión previa en criptomonedas. Su defensa sostuvo que entre 2014 y 2018 operó con ocho billeteras de Bitcoin, con compras por unos USD 200.000. Según su versión, la venta de esos activos dejó USD 591.544, que luego guardó en efectivo.

Pollicita consideró que ese descargo no pudo refutarse. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el aumento patrimonial injustificado ocurra después de asumir un cargo público. La versión de la defensa ubica el origen del dinero varios años antes de diciembre de 2023. El fiscal agregó que no se logró vincular los fondos con ningún acto de gobierno ni con una contraprestación ligada a la función.

Una pericia de la Policía Federal Argentina confirmó que la defensa controla hoy las claves de las ocho billeteras y que tuvieron movimientos entre 2014 y 2018. Sin embargo, la tecnología de la cadena de bloques no permite saber quién manejaba esas billeteras en aquellos años. Tampoco pudieron reconstruirse todas las operaciones, porque varias plataformas del exterior ya no conservan los datos. Para la Fiscalía, esas limitaciones impiden confirmar el relato de Adorni, pero tampoco alcanzan para desacreditarlo.

El dictamen también revisó los ingresos formales de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Los sueldos acumulados del matrimonio rondaron los USD 335.000 hasta 2014 y los USD 493.000 hasta 2018. El fiscal aclaró que esas cifras no prueban la inversión en criptomonedas, pero sí la vuelven económicamente posible. Además, durante el período investigado se registró la venta de un inmueble heredado en La Plata por USD 50.000.

El nuevo eje: la evasión

Aunque dio por explicado el núcleo del patrimonio, Pollicita advirtió posibles irregularidades impositivas. La propia defensa reconoció que parte de lo incluido en las declaraciones juradas rectificativas no había sido declarado antes y que los ahorros familiares se mantuvieron fuera del sistema bancario.

La Justicia en lo Penal Económico deberá analizar, año por año, si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros impuestos nacionales. Entre los puntos a revisar figuran los ingresos con los que se compraron los bitcoins, la tenencia de dólares no declarados y las diferencias entre los datos entregados a la plataforma Binance y los informados al fisco. También se revisarán préstamos cuyo desembolso efectivo no fue acreditado.

El fiscal señaló que algunos indicios podrían superar una simple infracción administrativa. Mencionó la omisión de bienes durante años, el predominio de pagos en efectivo, la intervención de terceros y la declaración de fondos recién después de iniciada la causa. El análisis deberá tener en cuenta que Adorni se acogió al régimen de Inocencia Fiscal, que elevó los montos a partir de los cuales una evasión se considera delito.

Pollicita también pidió que se analice la conducta de dos desarrolladores inmobiliarios y del contratista Matías Tabar, que había declarado haber cobrado en efectivo y sin factura las reformas de la casa del country. Además, solicitó que el Colegio de Escribanos porteño evalúe la actuación de la escribana Adriana Mónica Nechevenko en las operaciones investigadas.

Ahora el juez Lijo deberá resolver si acepta el pedido y envía el expediente al fuero penal económico.