Por qué el pragmatismo de Milei no es una sorpresa ni una traición

 La eliminación del Ministerio del Interior por el DNU 571/2026 se instaló como una gran novedad, pero conviene hacer un poco de historia antes de sacar conclusiones apuradas. Esto ya pasó en este mismo gobierno: cuando Guillermo Francos era ministro del Interior terminó convirtiéndose en jefe de Gabinete, y de hecho el país quedó sin esa cartera como estructura independiente durante una temporada bastante larga, hasta la salida de Manuel Adorni. La verdadera novedad ahora es más de organigrama que de sustancia: por debajo de Diego Santilli queda una suerte de área de Interior, con rango menor al de un viceministerio, y una vicejefatura de Gabinete abocada a la coordinación general.

Lo que el Gobierno busca con este esquema es que Santilli mantenga la relación con los gobernadores, sostenga el vínculo con el Congreso —donde ya venía funcionando como negociador clave desde su paso por Interior— y consiga las adhesiones necesarias para dos leyes que están en danza: la reforma política y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. En ese sentido, sí, va a ser una suerte de superministro, aunque no tanto por lo que dice la letra fría del decreto sino por la acumulación de responsabilidades que ya venía ejerciendo. La Jefatura de Gabinete, además, tiene rango constitucional y reporta periódicamente al Congreso, algo que un ministerio no tiene, así que ese peso institucional se suma a la ecuación.

¿Esto se va a traducir en mayor eficiencia administrativa? En parte sí: desaparece la subsecretaría que tenía Interior a su cargo, se simplifica el organigrama y se ahorra en estructura de funcionarios de alto rango, aunque en lo operativo y cotidiano el impacto sea menor. Porque acá hay algo que conviene no perder de vista: en este gobierno los ministerios funcionan con mucha autonomía, más allá de lo que diga el organigrama. Basta mirar cómo opera la cartera de Luis Caputo, la de Sandra Pettovello en Capital Humano o la de Federico Sturzenegger en Desregulación para entender que la dinámica puertas adentro depende mucho más de la impronta de cada ministro que de la letra de la norma. No creo que la llegada de un nuevo jefe de Gabinete cambie demasiado esa lógica.

Sobre la idea de que el Gobierno se "aproizó" y se alejó de sus cuadros libertarios, tengo una mirada distinta. Los dos últimos referentes presidenciales del PRO, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, hoy están fuera de ese partido: ella es afiliada a La Libertad Avanza y preside el bloque libertario en el Senado; él quedó al margen de la estructura PRO. Actores como el propio Santilli, el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio o Cristian Ritondo están mucho más cerca de La Libertad Avanza que de lo que queda del PRO como partido. Me parece que ahí se está confundiendo el origen político de esos dirigentes con su pertenencia actual, y creo que quienes hacemos análisis político corremos el riesgo de mirar la escena con un prisma viejo, pensado para una estructura partidaria que ya no funciona así.

Tampoco creo que esto desnude que el Presidente llegó sin equipo. Al contrario: nunca fue un misterio. La Libertad Avanza fue una alianza de cinco partidos que no eran propios —ahí estaba el Partido Demócrata, entre otros sellos— y Milei ganó la elección sin estructura política construida de antemano. Llegó con un plantel corto, y fue sumando sobre la marcha a dirigentes que venían de otros espacios: dos de los ministros de su primer gabinete, Patricia Bullrich y Luis Petri, habían sido candidatos a presidenta y vicepresidente meses antes, por otro espacio. Eso no es una contradicción del Presidente, es pragmatismo puro, y me parece que ese pragmatismo se nota desde el primer día, no es una novedad reciente. Se vio en la gestión de los planes sociales, y se vio también en el diálogo con Lula o con China, algo que la campaña hacía pensar poco probable. Ser pragmático es parte de la esencia humana; pedirle a alguien que gobierna un país que sea puramente dogmático es pedirle algo que va contra la naturaleza de la política, y además sería poco eficiente: para conseguir votos en el Congreso hay que sentarse con legisladores con los que no se coincide, y eso lo hicieron todos los bloques, incluido el peronismo, que terminó votando el Presupuesto y la ley de bases pese a ser la principal fuerza opositora.

Sobre la caída de la coparticipación, creo que hay una lectura que se viene haciendo mal. La política del Gobierno nacional no es aumentar la recaudación, sino bajar impuestos: desapareció el impuesto País, bajaron las retenciones a las exportaciones —algo que benefició especialmente a nuestra región— y se redujeron otros tributos nacionales. El problema es que buena parte de los impuestos coparticipables generan resistencia de gobernadores e intendentes, porque su baja les impacta directamente en la coparticipación: eso se vio en febrero, cuando en extraordinarias se discutió la reducción de Ganancias y fue lo primero que se cayó de la ley de modernización laboral, justamente por pedido de los propios gobernadores. La tendencia, entonces, no es que la recaudación se recupere, sino que cada provincia tenga que arreglarse con lo que recauda, y eso puede llevar años. Los estados, además, son intrínsecamente menos eficientes que el sector privado, así que ahí hay una discusión pendiente sobre cuánto estamos dispuestos a pagar como sociedad para sostener una estructura pública sobredimensionada.

En la vida cotidiana, lo que cambió es la relación entre lo que gastamos en servicios y lo que gastamos en bienes: durante años tuvimos tarifas subsidiadas y alimentos relativamente caros, y ese esquema se está invirtiendo. A medida que la inflación nivele esos precios relativos —y en la medida en que los salarios sigan creciendo por encima de la inflación, como pasó el mes pasado— esa sensación de ajuste debería ir cediendo. Pero también hay un componente cultural: nos acostumbramos, en buena hora, a niveles de consumo de energía o climatización propios de países con otra estructura productiva, y ese hábito tiene un costo que hay que empezar a mirar con más racionalidad, aunque también es cierto que la tecnología actual permite climatizar gastando bastante menos que antes.

Por último, sobre el enojo por el patrimonio de Adorni: me parece perfectamente legítimo y saludable. Que la sociedad haya levantado la vara y ya no tolere privilegios en la clase política es una buena noticia, y habla bien de la ciudadanía, no mal. Ahora bien, ese reclamo legítimo no debería convertirse en la excusa para romantizar un pasado que, mirado con números, fue mucho peor: mayor pobreza, mayor inflación, más casos de corrupción de manejo cotidiano —el Chaco tiene su propio ejemplo con el escándalo de los autos importados guardados en un galpón— y un país que, mientras nuestros vecinos progresaban, retrocedía en el mapa regional. Exigirle a la política un comportamiento impecable es sano. Creer que vivíamos mejor en la fantasía de las décadas pasadas, no tanto.