La Justicia le prohibió a Manuel Adorni salir del país sin autorización previa

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni no podrá salir del país sin pasar antes por la Justicia. Así lo resolvió el juez federal Ariel Lijo, a cargo del expediente por presunto enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. Se trata de la primera medida restrictiva que recibe Adorni desde que se abrió la causa.

El dictamen de Pollicita descartó el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, pero pidió que el exvocero notifique previamente cualquier salida del país para que los tribunales evalúen la pertinencia de cada viaje. La disposición alcanza únicamente a Adorni y no a su esposa, Bettina Angeletti, también investigada en la causa.

Antes de esta resolución, el abogado de Adorni, Matías Ledesma, había presentado un escrito en el que aseguró que su cliente se encuentra en el país y no tiene intenciones de viajar al exterior en el corto plazo. La aclaración llegó después de que circularan versiones sobre una posible mudanza a Uruguay, surgidas tras la renuncia del exfuncionario a la coordinación del Gabinete.

La Justicia, además, rechazó el pedido de detención de Adorni que habían presentado el abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, ambos denunciantes en la causa, quienes en forma subsidiaria también solicitaron la prohibición de salida del país y la retención del pasaporte. Para descartar la detención, el fiscal consideró que el exfuncionario no interpuso demoras que afectaran el trámite judicial —ni siquiera sus conversaciones previas con el contratista Matías Tabar antes de que este declarara como testigo— y que no tiene antecedentes penales ni un patrimonio o residencia que sugieran riesgo de fuga.

En las próximas semanas, Adorni deberá dar sus primeras explicaciones formales en Comodoro Py. Pollicita prepara un requerimiento de justificación patrimonial que se apoyará en un informe de la DAFI sobre eventuales inconsistencias en el patrimonio del exfuncionario, que según fuentes judiciales podría estar listo antes de que arranque la feria judicial de invierno, en menos de tres semanas. Ese informe será la primera instancia en la que Adorni deberá explicar el origen de su fortuna, luego de que él mismo dijera públicamente haber tenido 500.000 dólares no declarados que en algún momento fueron criptomonedas, una versión que todavía no fue corroborada judicialmente.

Si esa respuesta no alcanza para despejar las dudas de la fiscalía, el paso siguiente sería un llamado a indagatoria. Esta semana declararon los últimos testigos antes de esa eventual etapa: Gisela Kocsis, Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma, empleados de la Vocería Presidencial, reconocieron ante la Justicia haber prestado su nombre o sus tarjetas de crédito a Adorni para compras millonarias. Se sospecha que era un método para ocultar gastos que el exfuncionario no podría justificar con sus ingresos declarados.