La Cámara del Trabajo destrabó la reforma laboral: qué cambia ahora para los empleados

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le otorgó efecto suspensivo al recurso presentado por el Estado nacional y, de ese modo, dejó sin aplicación la medida cautelar que había frenado 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La resolución, firmada por los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino, integrantes de la Sala VIII, reactiva en forma inmediata los cambios que la CGT había logrado suspender a fines de marzo a través del juez Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63.

Uno de los puntos que recupera vigencia es el banco de horas. La norma autoriza que empleador y trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extras, con registro formal y dentro de ciertos límites. Los convenios pueden combinar horas adicionales, compensaciones o francos, siempre respetando el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas. La ley también habilita alternar semanas más cargadas con otras más livianas, sin superar los topes que fijan los convenios colectivos, y permite que los sindicatos participen de esos acuerdos.

En materia de vacaciones, el período de otorgamiento sigue concentrado entre octubre y abril, aunque las partes pueden pactar otra fecha. La novedad es que el descanso anual puede dividirse en tramos de, al menos, siete días corridos. Cuando una empresa organiza las licencias en forma escalonada, deberá garantizar que cada empleado tome vacaciones en temporada de verano por lo menos una vez cada tres años. Para las indemnizaciones por despido sin causa, se redefine la base de cálculo: queda atada a la remuneración mensual, normal y habitual, y quedan afuera conceptos como el aguinaldo y las vacaciones.

El texto fija que la indemnización será la única compensación por el despido y establece que los créditos laborales se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor más un 3% anual. Además, incorpora el Fondo de Asistencia Laboral, financiado con aportes mensuales obligatorios de los empleadores, y habilita a los convenios colectivos a crear fondos de cese laboral por capitalización individual, como alternativa al esquema tradicional. Las sentencias firmes podrán pagarse en hasta seis cuotas mensuales por parte de las grandes empresas, y en hasta doce si se trata de pymes o de empleadores individuales.

Otros capítulos que vuelven a aplicarse son la extensión del período de prueba a seis meses —que llega a ocho en empresas de hasta cinco empleados—, la eliminación de las multas de la Ley 24.013 por empleo no registrado y un régimen de incentivos para quienes regularicen trabajadores, que quedan liberados de sanciones pero deben abonar las diferencias salariales y previsionales. También rigen nuevamente la digitalización de los libros laborales, el registro unificado ante la ARCA y la obligación de pagar sueldos exclusivamente por vía bancaria. El trámite de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma sigue abierto, en paralelo al per saltum que el Gobierno presentó ante la Corte Suprema.