El Gobierno pidió a la Corte Suprema que destrabe la reforma laboral mediante un per saltum

El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal intervenga en forma directa en el expediente sobre la Ley 27.802 de Modernización Laboral y deje sin efecto la medida cautelar que suspendió 83 de sus artículos. La presentación, firmada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, busca saltear la intervención de la segunda instancia y restituir de inmediato la plena vigencia de la norma.

La cautelar objetada fue dictada el 30 de marzo por el juez Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, a raíz de una acción presentada por la CGT. La central obrera había reclamado la inconstitucionalidad de una serie de artículos al considerar que modifican el régimen laboral vigente y afectan derechos constitucionales como la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia. Ojeda hizo lugar al pedido y suspendió con alcance general los artículos cuestionados.

En el escrito, el organismo que conduce Sebastián Amerio cuestiona que el fallo haya sido dictado por un juez incompetente y afirma que la CGT no acreditó un caso concreto ni identificó un acto específico que le genere perjuicio. Sostiene, además, que la central sindical no tiene legitimación para representar a todos los trabajadores del país y que el magistrado omitió analizar la representación gremial exigida por la normativa vigente. Agrega que se trata de un expediente de competencia federal porque el Estado Nacional es parte y los efectos de la resolución alcanzan a todo el territorio.

Uno de los ejes más fuertes del planteo es lo que la Procuración describe como una situación de gravedad institucional. Para el Ejecutivo, que un tribunal local suspenda una ley nacional con alcance general implica avanzar sobre las atribuciones del Congreso y poner en tensión el principio de división de poderes. El escrito cita precedentes del propio máximo tribunal según los cuales ningún juez puede dejar sin efecto una norma con impacto erga omnes —es decir, aplicable a todas las personas y no sólo a las partes del litigio— y advierte que, de consolidarse este mecanismo, cualquier magistrado podría frenar leyes de carácter nacional.

La presentación también remarca que el 10 de abril el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 hizo lugar a una inhibitoria planteada por el Estado y reclamó el expediente, sin que hasta ese momento se haya revertido la suspensión dictada por el fuero laboral. En ese marco, la Procuración pidió que la Corte declare admisible el per saltum, suspenda los efectos de la cautelar y restituya la vigencia plena de la Ley 27.802. El Gobierno argumenta que la incertidumbre sobre la aplicación de la norma genera un perjuicio irreparable al afectar la seguridad jurídica y la estabilidad del marco regulatorio para empleadores y trabajadores.