El Gobierno avanza con una ley para facilitar desalojos y reformar las expropiaciones

El oficialismo definió esta semana su agenda legislativa para el inicio del período ordinario de sesiones y entre las prioridades aparece un proyecto que busca proteger la propiedad privada desde dos frentes: por un lado, acelerar los trámites judiciales para desalojar personas que ocupen inmuebles sin autorización; por otro, introducir cambios en el régimen de expropiaciones.

La decisión se tomó en una reunión de la mesa política libertaria en la Casa Rosada, aunque el texto ya estaba redactado desde hace meses. El Gobierno había optado por postergarlo durante el verano, cuando el foco parlamentario estuvo puesto en la modernización laboral y el régimen penal juvenil.

En materia de desalojos, la propuesta modifica el Código Procesal Civil y Comercial para que el proceso se tramite como juicio sumarísimo, es decir, con plazos mucho más cortos que los actuales. El cambio más significativo es que, ante la ocupación ilegal de un inmueble, el juez tendría que ordenar la entrega del bien en un plazo de cinco días desde que el propietario lo solicite, siempre que acredite su titularidad.

Además, se amplía el universo de quienes pueden iniciar esa acción: no solo el dueño registral, sino también locadores, usufructuarios y cualquier persona con derecho legítimo de uso. El proyecto también autoriza expresamente el uso de la fuerza pública, el allanamiento y la apertura de cerraduras, incluso cuando no haya nadie presente en la propiedad.

Para los casos de contratos de alquiler, el texto establece que ante la falta de pago el locador debe intimar al inquilino de manera fehaciente, con un plazo mínimo de tres días corridos para regularizar la deuda. Si no hay respuesta, se habilitaría también la desocupación inmediata bajo el mismo mecanismo ágil que rige para las tomas y usurpaciones. Otro punto incorporado es la validez de las notificaciones al domicilio electrónico, y se aclara que la falta de numeración visible en una vivienda no podrá usarse como excusa para evitar la notificación judicial.

Respecto a las expropiaciones, los cambios apuntan a reforzar las garantías económicas de quienes pierdan un bien. Se exigiría que la indemnización se actualice según el Índice de Precios al Consumidor, que se realicen al menos dos tasaciones independientes y que el valor se publique en plataformas oficiales. Para empresas que cotizan en bolsa, la referencia sería el valor bursátil previo a la noticia de la expropiación. Además, se prohíbe expresamente la transferencia de la propiedad antes del pago completo de la indemnización, y se restringe la llamada "ocupación temporánea anormal" —es decir, el uso transitorio de un bien por parte del Estado— a una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo, eliminando la posibilidad de que cualquier autoridad administrativa pueda disponerla.

El proyecto fue elaborado en el Consejo de Mayo, el grupo interdisciplinario creado por el presidente Javier Milei para convertir en leyes los compromisos del pacto que firmó con la mayoría de los gobernadores en 2024. El espacio fue conducido primero por Guillermo Francos y luego por Manuel Adorni, e integrado por el ministro Federico Sturzenegger, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada, el diputado Cristian Ritondo, el titular de la UIA Martín Rappallini y el sindicalista Gerardo Martínez. Ahora le corresponde al Congreso debatir y votar la iniciativa.