Violento desalojo de una familia que vivía en el lugar hace más de 40 años

El desalojo de una familia que vivió más de cuatro décadas en una vivienda de Sáenz Peña terminó este lunes en medio de un operativo policial de gran escala y fuertes cuestionamientos. Nueve personas, entre ellas cuatro menores y una mujer embarazada, fueron retiradas por la fuerza pública tras una orden judicial vinculada a una causa iniciada en 2015. La abogada de la familia, Romina Ropert, denunció irregularidades y afirmó que el procedimiento incluyó agresiones físicas y un despliegue policial inusual para este tipo de acciones.

La representante legal explicó que el conflicto comenzó cuando "en el año 2015 existe una denuncia de la supuesta dueña del terreno, la cual presenta un boleto de compraventa de manera oblígrafo que presenta unas cuantas irregularidades". Según detalló, la causa atravesó distintas instancias hasta llegar a una sentencia firme. Aun así, señaló que el operativo sorprendió por su magnitud: "Yo nunca vi algo de tal magnitud para un desalojo".

Ropert sostuvo que la medida debía realizarse a las 8.30, pero aseguró que desde las 6.30 ya había cortes en todos los accesos a la propiedad. "Vinieron más de 70 policías, vinieron de todas las comisarías que te imagines", afirmó. También señaló que el mandamiento judicial no indicaba un despliegue de tal nivel, sino la presencia de algunos patrulleros y organismos como la UPI o personal médico. "Ahí encuentro la primera irregularidad", marcó.

La abogada relató que durante el desalojo se produjeron hechos de violencia que, según denunció, involucraron a menores y a una mujer embarazada. "Le pegaron a una chica embarazada, le pegaron a uno de los menores… lo esposaron", afirmó. También mencionó agresiones hacia una mujer de 80 años y sostuvo que ella misma no pudo ingresar al lugar, como tampoco familiares ni parte de la prensa. "Estamos hablando de mucha violación de derechos, de mucho abuso de poder", expresó.

Al describir el modo en que se desarrolló el procedimiento, Ropert señaló que "ellos no ejercieron un desalojo; vinieron como ‘robamos la propiedad y listo’". Aclaró que no responsabiliza directamente a los abogados de la parte denunciante por falta de pruebas, aunque admitió sospechas sobre intereses que podrían exceder el litigio. "Siento que hay algo mucho más grande atrás de esto, pero no te lo puedo asegurar", indicó.

Tras ser retirados de la vivienda, la familia quedó sin alojamiento y distribuyó sus pertenencias entre vecinos de la zona. "No sé qué va a pasar ahora. Por eso pido la solidaridad del señor intendente Bruno Cipolini… a esta gente no se la puede dejar en la calle", reclamó. También anticipó que solicitará la revisión de la sentencia ante el Superior Tribunal y adelantó que denunciará lo que considera un procedimiento irregular y violento.

El conflicto se agrava porque, según la abogada, la familia vivió más de 40 años en la propiedad, pagando impuestos y servicios. "Estamos hablando de cuatro menores", insistió al pedir asistencia urgente. La situación quedó ahora a la espera de nuevas presentaciones judiciales y de la respuesta de las autoridades locales.