La casa quedó destruida después del desalojo: "No nos dejaron sacar nada", dijo la damnificada

El operativo, que según la notificación debía realizarse ayer a las 8:30, comenzó una hora antes y dejó la casa completamente destruida, sin permitir que los ocupantes retiraran pertenencias, muebles o aberturas. "Rompieron todo. No nos dejaron sacar nada", afirmó a N9 Tatiana Ojeda, una de las damnificadas.

Ojeda explicó que vivía en el lugar desde 2015 y que toda su vida familiar estaba asentada en esa casa. Contó que sus hijos pasaron la noche en una carpa improvisada y ahora permanecen en la vivienda de un familiar. "No sé cómo explicar lo que uno puede estar sintiendo. Tengo impotencia, tengo fe, pero esto no es justo", señaló. Dijo que incluso perdió su teléfono durante el procedimiento y que un alumno de la escuela donde trabaja le donó otro para poder comunicarse.

La mujer sostuvo que la policía ingresó con dureza y que hubo empujones, discusiones y forcejeos. "Un policía me gritó que si no salía con mis hijos me iban a meter presa y la UPI se los iba a llevar", relató. También afirmó que su hijo de 13 años fue "arrinconado contra una pared por dos efectivos", pese a que se encontraba dentro de su casa. Valoró, sin embargo, la intervención de dos trabajadoras de la UPI, quienes —según dijo— fueron agredidas durante el operativo: "Ellas nos resguardaron en todo momento".

La denuncia central de la familia se concentra en el origen del reclamo que derivó en el desalojo. Afirman que la supuesta propietaria presentó un contrato de compraventa "apócrifo" y que, aun así, la Justicia lo avaló. "El compraventa que presentaron no es legal. La jueza lo acepta, pero dice que está todo prescripto", sostuvo Ojeda. También cuestionó la participación de actores judiciales vinculados previamente a causas de venta ilegal de terrenos. "El abogado de la otra parte estuvo involucrado. El juez que dio validez fue destituido del cargo, pero sigue trabajando como si nada", expresó.

Según la mujer, existieron inconsistencias en la notificación. Asegura que la cédula fue enviada a su abogada, quien había sido aceptada como patrocinante, pero al momento del operativo se le informó que la profesional "no estaba habilitada". "Si no estaba habilitada, ¿por qué enviaron la notificación a ella y no a nosotros?", planteó. También cuestionó que la vivienda fuera demolida sin permitir la extracción de elementos propios: "Había aberturas y chapas que eran nuestras. La topadora las rompió todas".

Para Ojeda, el desalojo no solo representó la pérdida material sino una vulneración profunda de su historia familiar. Recordó que el terreno provenía de su abuelo y que toda su vida transcurrió allí. "No estábamos robando nada. Esta era la casa donde mis hijos vivieron diez años", expresó. Señaló además que su objetivo inmediato es proteger a los menores y avanzar con acciones judiciales: "Solo pedimos justicia".

La familia adelantó que continuará reclamando la revisión del proceso y pidió una auditoría del juzgado interviniente. Consideran que no se respetaron los procedimientos básicos y que el operativo se ejecutó con violencia innecesaria. Mientras tanto, siguen custodiando lo poco que quedó entre los escombros.