Milei busca acelerar desalojos y reformar expropiaciones con un nuevo proyecto de ley

 
El Gobierno envió al Congreso dos proyectos con los que busca retomar la iniciativa parlamentaria. Uno de ellos es la Ley Hojarasca, que propone derogar más de 70 normas consideradas obsoletas y que vuelve a impulsarse tras perder estado parlamentario en 2024 por no haber sido tratada. El otro es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que introduce modificaciones en varias leyes vinculadas al derecho de propiedad. Desde el oficialismo sostienen que la normativa vigente tiene superposiciones, inconsistencias y desajustes que encarecen las transacciones y afectan la inversión.

El proyecto sobre propiedad privada plantea acelerar los desalojos mediante procesos sumarísimos y notificaciones por domicilio electrónico, al tiempo que amplía las facultades judiciales para identificar ocupantes y hacer cumplir las decisiones. En casos de intrusión, el juez deberá resolver en un plazo de cinco días, mientras que en situaciones de falta de pago o vencimiento de contrato se habilitará la desocupación inmediata bajo caución juratoria. También se endurecen las sanciones para el locador que oculte pruebas durante el proceso.

En materia de expropiaciones, la iniciativa exige que la utilidad pública tenga una interpretación restrictiva y cumpla con criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, además de fijar nuevas pautas para valuar e indemnizar los bienes afectados. Respecto a las tierras rurales, el proyecto limita las restricciones a extranjeros únicamente para empresas o personas vinculadas a Estados extranjeros, aunque mantiene controles y autorizaciones por razones de seguridad y soberanía.

La iniciativa también avanza sobre otras normas sensibles: elimina el artículo de la Ley de Manejo del Fuego que prohibía por 30 años ciertos desarrollos o cambios de uso del suelo en zonas incendiadas, y descentraliza el control del RENABAP, trasladando a provincias y municipios el proceso de regularización dominial de barrios populares. La apuesta oficial es reducir costos, dar mayor previsibilidad jurídica y alentar las inversiones.